El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó este martes la audiencia del juicio de fondo que se sigue contra varios policías y militares implicados en un presunto entramado de corrupción administrativa, debido a la presentación de una licencia médica por parte del imputado Guillermo de Jesús Torres Robiou.
La nueva audiencia fue fijada para el próximo jueves, mientras el Ministerio Público tiene previsto presentar cuatro peritos más como parte de su lista de testigos.
En este caso, figuran como acusados varios exfuncionarios de la pasada gestión gubernamental, quienes habrían estafado al Estado con más de 4,500 millones de pesos.
Los cargos incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, falseamiento y omisión en declaración jurada, así como lavado de activos.
El supuesto entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Imputados
Figuran como imputados Juan Carlos Torres Robiou, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exresponsable del Cusep; la pastora evangélica Rossy Guzmán Sánchez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Están involucrados, además, los generales (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
En el caso también están acusados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
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