El senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, presentó una resolución mediante la cual propone convocar a la ministra de Interior y Policía, Faride Virginia Raful, y al director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, a comparecer ante el pleno del Senado para explicar las muertes ocasionadas por agentes policiales y los procedimientos institucionales aplicados en estos casos.
La iniciativa procura que ambos funcionarios ofrezcan detalles sobre los criterios jurídicos, técnicos y operativos que regulan el uso de la fuerza letal, así como los mecanismos de investigación, supervisión y control de las actuaciones policiales que terminan con la pérdida de vidas humanas.
En los considerandos de la resolución, Taveras Guzmán plantea que el aumento de las muertes durante intervenciones policiales ha generado preocupación entre la ciudadanía, los medios de comunicación y los profesionales del derecho, por lo que considera necesario que las autoridades ofrezcan explicaciones sobre estos hechos.
El documento cita estadísticas del Boletín de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía, según las cuales durante 2025 se registraron 215 muertes clasificadas como resultado de “intervención legal” de agentes del orden, cifra que representó casi el 16 % de los 1,371 homicidios generales contabilizados ese año.
Asimismo, señala que durante el primer semestre de 2026 se reportaron 144 muertes bajo esa categoría, lo que equivale aproximadamente al 67 % del total registrado en 2025.
La resolución también destaca la necesidad de conocer los procedimientos que se aplican cuando una intervención policial provoca la muerte de una persona, particularmente en lo relativo a la notificación a los superiores jerárquicos y al Ministerio Público.
Otro de los puntos que se busca esclarecer es el funcionamiento de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional, incluyendo los criterios utilizados para abrir investigaciones, los mecanismos de supervisión y los resultados obtenidos en los casos relacionados con el presunto uso excesivo de la fuerza.
De igual manera, la iniciativa plantea que se expliquen los canales de coordinación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público para investigar las muertes ocurridas durante operativos policiales.
El documento recuerda que la legislación dominicana establece que el uso de la fuerza debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y sostiene que los antecedentes delictivos, una investigación penal o una orden de arresto no justifican por sí solos el empleo de fuerza letal contra una persona.
Plazo para la comparecencia
La propuesta establece que la invitación sea tramitada por la Presidencia del Senado, a través de la Secretaría General Legislativa, mediante una comunicación formal en la que se indiquen los temas que serán abordados, así como la fecha y hora de la comparecencia.
También dispone que, de aprobarse y tramitarse conforme al procedimiento correspondiente, la comparecencia se celebre dentro del plazo previsto en la Ley núm. 84-25, Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, que contempla un máximo de 15 días hábiles a partir de la recepción de la invitación, sujeto a las disposiciones legales aplicables.
La iniciativa busca que el Senado obtenga información directa sobre las actuaciones policiales que han ocasionado muertes y pueda examinar los mecanismos institucionales destinados a garantizar el respeto a la vida y a los derechos fundamentales.
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