El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, reveló que el Gobierno se encuentra en la fase final de elaboración de un proyecto de ley para regular las empresas públicas del país, a las que comparó con "chivos sin ley" por operar sin una base normativa a pesar de existir "desde siempre".
Las declaraciones del funcionario se produjeron durante la conferencia "El Ministerio de Justicia en el marco de la administración pública dominicana", celebrada este viernes en el auditorio de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), un espacio organizado junto a la Fundación Dominicana Debate Global PI.
Las EDE: "un mal negocio" que cuesta miles de millones
Peralta Romero fue especialmente crítico con las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE), a las que definió como "un mal negocio para el Estado, porque es un negocio que hay que subsidiar". El ministro reconoció que se trata de empresas públicas financieras donde se comercializa electricidad, pero que terminan siendo una carga permanente para las finanzas públicas.
Las cifras respaldan su diagnóstico. Según datos recientes, el subsidio eléctrico consumió RD$17,216 millones solo en los dos primeros meses de 2026, mientras que la Ley de Presupuesto General del Estado 2026 asignó RD$85,150 millones en transferencias a las distribuidoras.
El panorama se agrava al considerar que, según el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), las pérdidas totales de energía de las EDE alcanzaron el 42.3% en 2025. Esto significa que de cada 100 gigavatios-hora comprados, 42.3 se perdieron sin facturar o sin cobrar. En términos absolutos, de los 20,721.6 GWh adquiridos durante 2025, unos 8,030.3 GWh no fueron facturados.
A esto se suma que las inversiones de las EDE cayeron US$45.4 millones en 2025, alcanzando apenas US$192.4 millones, una reducción significativa respecto al año anterior.
Un proyecto de ley para poner orden
El ministro explicó que la iniciativa legislativa fue desarrollada inicialmente desde una consultoría especializada y se encuentra en proceso de terminación en el Ministerio de Justicia. "Será sometido en las próximas semanas", aseguró Peralta Romero, sin precisar una fecha exacta.
El proyecto busca dotar por primera vez de un régimen jurídico integral a las empresas públicas dominicanas, que históricamente han funcionado sin un marco legal unificado que defina su gobernanza, rendición de cuentas y estándares de operación.
La iniciativa se enmarca en un contexto más amplio de reformas normativas impulsadas por el Gobierno, que incluye el reciente anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio presentado por ProCompetencia al Poder Ejecutivo y la aprobación en primera lectura en el Senado de un proyecto de ley de Eficiencia Energética.
Un vacío que viene de lejos
República Dominicana cuenta con decenas de empresas públicas que abarcan desde el sector eléctrico hasta servicios financieros y de infraestructura. Sin embargo, a diferencia de otros países de la región que han legislado sobre la materia, el país nunca ha contado con una ley general que establezca las reglas del juego para estas entidades.
La ausencia de ese marco normativo ha sido señalada reiteradamente por organismos internacionales y expertos locales como una de las causas de la ineficiencia, opacidad y falta de rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos.
Con el anuncio de Peralta Romero, el Gobierno abre la puerta a un debate legislativo que podría transformar la manera en que operan las empresas del Estado dominicano.
Las declaraciones del ministro se dieron en el marco de una intensa agenda institucional. Este viernes 20 de marzo, Peralta Romero participó como orador invitado en la conferencia "El Ministerio de Justicia en el marco de la administración pública dominicana", celebrada en el auditórium de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), en la avenida Bolívar del Distrito Nacional.
El evento, auspiciado por la UCSD y la Fundación Dominicana Debate Global PI, fue presentado como "un espacio de reflexión académica y análisis institucional sobre el presente y futuro del sistema de justicia en el país", según expresó Trajano Santana, presidente de la fundación y también titular del Partido Revolucionario Independiente (PRI).
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