La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (Faprouasd) y el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD) expresaron su rechazo al Decreto 309-26 emitido por el presidente Luis Abinader, al considerar que mantiene la intención del Gobierno de transformar el sistema educativo dominicano sin una discusión científica, democrática y vinculada a la realidad nacional.
Durante el programa La Voz del CEN, transmitido por La Voz Docente Media, representantes de Faprouasd y del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD advirtieron que el proceso impulsado por el Gobierno carece de planificación seria y pretende imponerse de manera acelerada y excluyente.
El presidente de Faprouasd, maestro Pastor de la Rosa, afirmó que una verdadera reforma educativa no puede improvisarse “en 45 días” ni desarrollarse sin estudios diagnósticos, sin participación amplia y sin respeto a las instituciones académicas del país.
Cuando se quiere dañar algo primero se desacredita. Eso hicieron con otras instituciones públicas y ahora intentan hacerlo con la educación dominicana. No es verdad que el sistema educativo está tan mal que haya que improvisar una transformación a toda prisa, manifestó.
De su lado, el secretario general de Faprouasd, maestro Apolinar Méndez, sostuvo que el gremio universitario no se opone a los cambios, pero sí rechaza la improvisación y la ausencia de participación democrática.
“Nosotros creemos en la transformación educativa, pero respetando los procesos, respetando las especialidades y garantizando una discusión verdaderamente inclusiva y participativa”, expresó.
Mientras que el coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, profesor Fernando Peña, calificó el decreto como parte de una estrategia regional orientada a profundizar la privatización de la educación pública y reducir el papel del Estado en la garantía del derecho a la enseñanza. Peña consideró preocupante que el Gobierno impulse una reforma educativa sin haber realizado previamente una evaluación integral del Pacto Educativo ni de las políticas implementadas en los últimos años.
“El problema de la educación dominicana no puede decidirse mediante decretos ni comisiones burocráticas. La educación es un derecho, no una mercancía”, afirmó.
Los educadores expresaron preocupación por lo que consideran intentos de sectores empresariales y organismos internacionales de convertir el sistema educativo dominicano en un modelo subordinado a intereses privados y al mercado laboral, debilitando la educación pública y afectando especialmente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y al magisterio nacional.
Asimismo, la ADP reiteró recientemente su rechazo a lo que define como una intención de privatizar la educación pública. El secretario de Comunicación y Relaciones Públicas del gremio, profesor Menegildo De La Rosa, aseguró que el nuevo decreto “demuestra la desesperación y el compromiso que tiene el presidente con la agenda internacional y con sectores empresariales interesados en entregarle el sistema educativo dominicano al capital privado”.
“La educación dominicana no se resolverá importando modelos extranjeros ni programas enlatados. Lo que corresponde es producir, junto a los científicos de la educación dominicana, políticas y programas que respondan a las necesidades reales del desarrollo nacional y de nuestro pueblo”, concluyó De La Rosa.
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