La Asociación Dominicana de Empresas de Investigación de Mercado y Opinión Pública (ADEIMO) expresó, mediante un manifiesto público, su preocupación ante el reglamento aprobado por la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe la publicación de encuestas electorales fuera del período oficial de precampaña.
La entidad reconoció el mandato constitucional de la JCE de garantizar la equidad, la transparencia y la integridad de los procesos electorales. También dijo compartir el objetivo de elevar la calidad metodológica de los estudios de opinión pública, una posición que, según indicó, manifestó durante las vistas públicas celebradas por el órgano electoral en junio de 2025.
ADEIMO sostuvo que combatir el fraude metodológico forma parte de sus causas como asociación gremial comprometida con la investigación de calidad. Sin embargo, tras analizar el reglamento, consideró que la prohibición de publicar encuestas excede el ámbito técnico y afecta principios fundamentales de la democracia.
“Las encuestas no son publicidad electoral”
La asociación planteó que el reglamento equipara las encuestas con herramientas de marketing electoral, una interpretación que calificó como incorrecta.
A juicio de ADEIMO, las encuestas son instrumentos científicos de medición social que reflejan la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de relevancia colectiva, orientan políticas públicas y permiten a la sociedad conocer su propio estado de opinión.
“Regularlas como si fueran propaganda distorsiona su naturaleza y su función democrática”, afirmó la entidad en el manifiesto.
Advierte restricción al acceso ciudadano
ADEIMO sostuvo que la prohibición no mejora la calidad de los estudios, sino que reduce el acceso de la ciudadanía a información relevante durante una parte sustancial del ciclo político nacional.
La organización indicó que la disposición no establece condiciones metodológicas concretas ni distingue entre estudios rigurosos y deficientes. Por el contrario, entiende que su efecto principal es impedir que el ciudadano común acceda a datos de interés público.
Según la asociación, esto genera una asimetría, debido a que los partidos políticos, actores de poder y grupos económicos podrían seguir encargando y consultando encuestas privadas, mientras la ciudadanía queda excluida de esa información.
“La democracia no puede funcionar bajo el principio de que solo las élites tienen derecho a conocer el clima social del país”, expresó.
Cuestiona alcance legal del reglamento
La entidad también consideró que el reglamento contradice la ley que pretende desarrollar.
ADEIMO señaló que la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral permite la publicación de encuestas hasta ocho días antes de las elecciones. En ese sentido, sostuvo que, fuera de ese plazo de restricción, la publicación debe ser libre.
La asociación recordó que un reglamento tiene una jerarquía normativa inferior a la ley, por lo que su función es desarrollarla, no corregirla ni sustituirla.
A su juicio, una disposición reglamentaria que va más allá de lo permitido por la ley carece de fundamento legal.
Cita estándares internacionales
ADEIMO indicó que los estándares internacionales apuntan en sentido contrario a la prohibición.
La entidad citó como referencia a organizaciones como ESOMAR y WAPOR, cuyos principios éticos y estándares técnicos, dijo, suscribe como asociación. Señaló que esos marcos promueven modelos basados en transparencia metodológica, trazabilidad y validación científica.
Según la organización, ninguno de esos estándares contempla restricciones temporales absolutas al acceso y publicación de información de interés público.
“La tendencia internacional es hacia más transparencia, no hacia menos información”, afirmó.
Apoya regulación técnica, pero no prohibiciones
La asociación aclaró que respalda toda regulación orientada a fortalecer la transparencia metodológica, exigir la divulgación de patrocinadores, garantizar la trazabilidad técnica y promover buenas prácticas profesionales.
También dijo apoyar mecanismos que permitan combatir estudios fraudulentos y usos irresponsables de la investigación de opinión pública.
No obstante, rechazó que una medida presentada como regulación técnica termine restringiendo el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Llama a la JCE a revisar la disposición
ADEIMO hizo un llamado respetuoso a la Junta Central Electoral para que revise la disposición y abra un diálogo con el sector.
La entidad planteó la necesidad de construir un marco regulatorio que fortalezca la calidad de la investigación de opinión pública sin comprometer derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libre circulación de información de interés público, el derecho ciudadano a la información y la libertad de empresa.
La asociación insistió en que la democracia dominicana necesita reglas que eleven la calidad de los estudios, pero sin cerrar el acceso de la sociedad a datos que permiten entender el clima político y social del país.
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