El acceso a la justicia para mujeres y niñas en América Latina y el Caribe continúa enfrentando barreras estructurales, pese a los avances normativos alcanzados en la región, según el informe Acceso a la justicia para mujeres y niñas en América Latina y el Caribe, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y ONU Mujeres.
El documento señala que, aunque todos los países cuentan con leyes para prevenir y sancionar la violencia de género y 20 han tipificado el feminicidio, persisten altos niveles de impunidad, debilidad institucional y respuestas judiciales insuficientes.
La Cepal advierte que la desigualdad de género sigue siendo un fenómeno estructural que limita el ejercicio de derechos. Factores como la pobreza, la sobrecarga del trabajo de cuidados, los patrones culturales discriminatorios y la baja participación de las mujeres en espacios de poder continúan reproduciendo estas brechas.
En este aspecto, la violencia de género se mantiene como uno de los principales obstáculos para el acceso a la justicia. Muchas víctimas no denuncian por miedo, desconfianza en las instituciones o dificultades económicas y territoriales, mientras que quienes lo hacen enfrentan procesos lentos, revictimizantes o ineficaces.
El informe también alerta sobre el crecimiento de la violencia digital, que incluye el acoso en línea y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Esta forma de agresión avanza más rápido que la capacidad de respuesta de los sistemas legales en la región.
A nivel institucional, persisten limitaciones como la falta de acceso a asistencia legal de calidad, la escasa información disponible para las víctimas y la persistencia de estereotipos de género dentro del sistema judicial, lo que afecta la imparcialidad y eficacia de los procesos.
Las brechas son aún mayores para mujeres en situación de vulnerabilidad, como indígenas, afrodescendientes, migrantes, con discapacidad o privadas de libertad, quienes enfrentan múltiples formas de discriminación que dificultan su acceso a mecanismos de protección judicial.
Ante este panorama, el informe plantea la necesidad de fortalecer los marcos legales, mejorar la capacidad institucional, garantizar financiamiento sostenible y avanzar en sistemas de información y rendición de cuentas que permitan cerrar las brechas existentes y asegurar una justicia efectiva para todas las mujeres y niñas en la región.
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