Abogados denuncian ante la Procuraduría supuestas ejecuciones extrajudiciales en operativos policiales

Un grupo de siete abogados depositó una denuncia ante la Procuraduría General de la República para solicitar que se investiguen las muertes ocurridas durante presuntos intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional, al considerar que en algunos casos no se ha acreditado la legítima defensa.

La instancia fue depositada a las 8:22 de la mañana y está dirigida también a organismos del Ministerio Público, entre ellos la Dirección General de Persecución y el Consejo Superior del Ministerio Público, con el propósito de que se determinen las circunstancias de cada fallecimiento.

Durante declaraciones a la prensa, los juristas informaron que la denuncia incluye 27 casos documentados, aunque afirmaron que existen otros hechos que también ameritan investigación.

El abogado Guarionex Ventura sostuvo que la iniciativa busca llamar la atención sobre lo que describió como un desbordamiento de las actuaciones policiales. Advirtió que el Estado no puede permitir que los agentes actúen como jueces y partes en los hechos en los que intervienen.

Ventura también cuestionó declaraciones y directrices que atribuyó al director de la Policía Nacional, al considerar que podrían incentivar actuaciones ilegales por parte de los agentes. En ese contexto, pidió al Ministerio Público investigar una posible inducción al homicidio.

Asimismo, solicitó que se examine la participación de fiscales en la elaboración de actas relacionadas con las muertes denunciadas. Según los abogados, algunos procedimientos se habrían realizado sin la presencia de representantes del Ministerio Público en el lugar de los hechos.

Los juristas insistieron en que las investigaciones deben ser independientes y no quedar bajo la responsabilidad de agentes policiales que pudieran estar involucrados en los casos denunciados.

Advierten que podrían presentar una querella

Los abogados advirtieron que, si durante la próxima semana no reciben una respuesta de las autoridades, presentarán una querella contra el director de la Policía Nacional y otros presuntos responsables.

A su juicio, los hechos denunciados podrían constituir homicidios calificados o agravados. No obstante, indicaron que la calificación jurídica definitiva deberá establecerse a partir de las investigaciones y los procedimientos judiciales correspondientes.

Los juristas rechazaron que su iniciativa tenga como propósito proteger a personas vinculadas a actividades delictivas. Afirmaron que buscan garantizar el derecho a la vida, el debido proceso y los demás derechos fundamentales, independientemente de los antecedentes policiales de las personas fallecidas.

Como parte de sus argumentos, mencionaron el modelo de seguridad aplicado en El Salvador durante el Gobierno de Nayib Bukele (cuestionado por organismos internacionales debido a la prolongación del régimen de excepción y a denuncias de detenciones arbitrarias y vulneraciones del debido proceso) y sostuvieron que la lucha contra la delincuencia debe desarrollarse dentro del marco de la ley.

La denuncia fue suscrita por los abogados Carlos Balcácer, Cándido Simón Polanco, Enrique Vallejo Garib, Guarionex Ventura, Ibo René Sánchez, Manuel Sierra Pérez y Valentín Medrano Peña.