Abogado denuncia supuesto uso de su defendido como “chivo expiatorio” en caso de estafa con criptomonedas

El abogado Rafael Antonio Amparo, defensor del imputado Juan Diego Domínguez, denunció que su cliente lleva 18 meses cumpliendo prisión preventiva pese a ser, según dijo, un simple empleado en la empresa vinculada al caso de estafa con criptomonedas que afecta a más de un centenar de personas.

Amparo afirmó que Domínguez está siendo utilizado por el Ministerio Público como un “chivo expiatorio”, ya que es el único de los acusados que guarda prisión, pese a que no representa peligro de fuga.

Mi defendido ha salido del país y ha regresado voluntariamente. Incluso acudió a las autoridades a ponerse a disposición y fue arrestado en ese momento, declaró el abogado.

En tanto, el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para este martes la audiencia de levantamiento de rebeldía contra Bélgica Altagracia Báez y José Horacio Vicioso, quienes están acusados de estafar más de dos millones de dólares mediante una supuesta empresa de comercialización de criptomonedas.

La medida fue adoptada con el objetivo de que los abogados defensores conozcan el expediente, según explicó la fiscal del caso, Elisabeth Tousen. El abogado querellante es Richard Rosario.

De acuerdo con el Ministerio Público, Báez de la Rosa y Vicioso Ureña forman parte de una red que utilizó las entidades HDLS Digital Kingdom Investment Group S.R.L. y la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicios Múltiples Digital Dominicana Inc. (Digicoop), para captar más de US$2.4 millones y RD$7.2 millones de 113 víctimas, mediante promesas de altos retornos de inversión en productos inexistentes.

El expediente también vincula a Yoima Guzmán Contreras, Luis Alejandro Lantigua Báez, Harold Martínez Hernández y Luis Napoleón Granon de Oro Sepúlveda, este último aún prófugo. Según el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), las operaciones se realizaron en dólares, lo cual viola las normativas del sistema cooperativo nacional.

Las autoridades sostienen que se trató de un esquema de estafa y lavado de activos a través de medios electrónicos, mediante contratos de inversión fraudulentos y coacciones para abrir cuentas en Digicoop, estableciendo esta acción como requisito para mantener las supuestas inversiones.