El abogado Alexander Navarro, quien dijo representar a Domingo Rey y a otras personas identificadas como víctimas del proceso denominado Calamar, denunció una presunta diferencia de RD$ 1,400 millones en los cálculos realizados por el Ministerio Público sobre los fondos entregados a familiares, según consta en la acusación presentada por el órgano acusador.
El representante legal de víctimas vinculadas a la parcela 613 explicó que, en varias páginas del expediente acusatorio, el Ministerio Público detalla los montos que habrían sido entregados por distintas entidades que cobraban un 50 % a los familiares.
De acuerdo con el abogado, el total general de esos fondos asciende a RD$ 11,476 millones; sin embargo, sostuvo que el Ministerio Público solo reconoce la entrega de “RD$ 10 mil y pico de millones”, quedando sin explicación el destino de alrededor de RD$ 1,000 millones.
Navarro afirmó que la diferencia total alcanza los RD$ 1,400 millones y cuestionó si el Ministerio Público fue inducido a error o si no realizó una sumatoria exacta de los montos incluidos en la acusación.
Indicó que la información está contenida en el propio expediente del órgano acusador.
Sobre el caso Calamar
El caso Calamar, también llamado Operación Calamar, es una investigación judicial y acusación penal impulsada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) del Ministerio Público dominicano que señala una extensa red de corrupción administrativa y desfalco de fondos públicos.
Según la acusación formal presentada por el Ministerio Público, el expediente incluye a 34 personas físicas y 12 personas jurídicas imputadas por delitos como asociación de malhechores, estafa contra el Estado, uso de documentos falsos, soborno, enriquecimiento ilícito, financiamiento ilícito de campañas y lavado de activos, entre otros, relacionados con el desvío y manejo irregular de recursos estatales.
Entre los implicados están exfuncionarios de alto perfil, incluidos los exministros Donald Guerrero Ortiz (Hacienda 2016‑2020), José Ramón Francisco de Jesús Peralta (Administrativo de la Presidencia 2012‑2020) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas 2012‑2020), así como otras personas señaladas por su participación en la presunta red.
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