El presidente Luis Abinader defendió hoy los criterios utilizados para distribuir los subsidios sociales del Gobierno ante cuestionamientos sobre la selección de los beneficiarios y afirmó que la reducción de la pobreza dominicana hace necesario actualizar los registros de los hogares que reciben esas ayudas.
El mandatario respondió a una pregunta del periodista Pablo McKinney, en el espacio La Agenda Semanal, sobre datos atribuidos a la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, según los cuales la mayoría de los hogares beneficiarios del programa Aliméntate en 2025 no se encontraba en situación de pobreza.
La pregunta también planteó desigualdades en la distribución de los subsidios a los combustibles.
Abinader defiende la continuidad de las ayudas sociales
«Esos números que se están viendo y que se están denunciando es básicamente por el mismo éxito del programa y de la disminución de la pobreza en los últimos tres años», expresó Abinader al referirse a los cuestionamientos sobre la distribución de las ayudas.
El presidente sostuvo que la reducción de la pobreza no significa necesariamente que todos los hogares hayan alcanzado una situación económica estable.
Por esa razón, afirmó que el Estado debe mantener el acompañamiento a las familias que están saliendo de la pobreza monetaria y multidimensional, hasta que puedan consolidar su mejoría económica.
«Vamos todavía a continuar dándole la ayuda para consolidar lo que salga de la pobreza, tanto de la pobreza monetaria como de la pobreza multidimensional y que pase realmente a consolidarse como clase media», manifestó.
Abinader explicó que el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) utiliza indicadores que van más allá de los ingresos monetarios para evaluar las condiciones de vida de los hogares y determinar su acceso a los programas de protección social.
Supérate reconoce oportunidades de mejora
La directora general de Supérate, Mayra Jiménez, defendió los mecanismos de selección de beneficiarios y explicó que el SIUBEN utiliza estudios sobre las condiciones de vida de las familias para determinar cuáles reúnen los requisitos para recibir las ayudas estatales.
Entre los factores considerados mencionó el acceso al agua y a los servicios básicos, la presencia de personas envejecientes con problemas de salud, los hogares encabezados por madres solteras, la existencia de niños con discapacidad y las condiciones educativas de los integrantes de las familias.
La funcionaria sostuvo que estos indicadores permiten identificar las necesidades de los hogares y orientar los recursos públicos hacia las personas que requieren protección social.
Sin embargo, reconoció que los mecanismos de selección pueden mejorarse.
«Obviamente que la focalización siempre encuentra oportunidades de mejora, y ahí estamos permanentemente con SIUBEN en la mesa», afirmó Jiménez.
La directora de Supérate agregó que ambas instituciones mantienen reuniones semanales para identificar ajustes y perfeccionar los procedimientos de selección.
Actualización de los registros de los hogares
Jiménez informó que las autoridades realizan operativos para actualizar los datos de los hogares en distintas demarcaciones, entre ellas el Gran Santo Domingo y San Cristóbal. También indicó que habían concluido trabajos en Barahona y que tenían previsto continuar en Pedernales.
Los operativos son desarrollados por el SIUBEN con el apoyo de Supérate, con el propósito de mantener actualizada la información de las familias que podrían recibir transferencias sociales.
La focalización de las ayudas
Que una familia no figure bajo la clasificación de pobreza monetaria no significa necesariamente que carezca de otras condiciones de vulnerabilidad. Por ello, para evaluar la distribución de las ayudas es necesario conocer los indicadores empleados, los requisitos de cada programa y los procedimientos para revisar la permanencia de los beneficiarios.
En el caso de Aliméntate, la afirmación sobre la proporción de hogares beneficiarios que no se encontraba en situación de pobreza debe contrastarse con los datos originales de la encuesta y con los criterios específicos utilizados para asignar las transferencias.
La misma exigencia de transparencia se aplica a los subsidios a los combustibles, cuya distribución también fue cuestionada durante el programa.
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