Durante la conferencia “Justicia sin salud mental no es justicia: el modelo SIM como marco de transformación”, la psiquiatra forense Nubia Lluberes afirmó que cerca del 80 % de las personas privadas de libertad en la República Dominicana presenta algún problema de salud mental.

Esta realidad, advirtió la especialista en la actividad realizada en el marco del Euro Summit 2026, evidencia la necesidad de fortalecer la atención psiquiátrica y establecer mecanismos de intervención antes de que las personas con trastornos mentales lleguen al sistema penitenciario.

Este 80 % es una proporción, según explicó, que supera ampliamente la estimada para la población general y plantea la necesidad de cambiar la forma en que el sistema de justicia aborda los casos vinculados con trastornos psiquiátricos.

Lluberes aclaró que la alta presencia de personas con trastornos mentales en las cárceles no significa que quienes padecen estas condiciones sean más propensos a cometer delitos, sino que muchas veces llegan al sistema judicial después de años sin diagnóstico ni acceso a tratamiento.

Personas con trastornos mentales llegan al sistema penal sin atención previa

Durante su exposición, la psiquiatra planteó una interrogante sobre la responsabilidad social e institucional frente a estos casos: qué ocurre cuando una persona con una enfermedad mental comete una infracción relacionada con su condición.

Explicó que una parte importante de los privados de libertad llega a los centros penitenciarios sin haber recibido una evaluación adecuada ni tratamiento especializado, situación que puede agravarse durante el período de reclusión por las dificultades de acceso a servicios de salud mental.

A su juicio, un sistema que responde únicamente mediante la privación de libertad deja sin atender la causa médica de muchos comportamientos y limita las posibilidades de recuperación de los pacientes.

El Modelo de Interceptación Secuencial busca evitar ingresos innecesarios a prisión

Como propuesta de intervención, Lluberes presentó el Modelo de Interceptación Secuencial (SIM, por sus siglas en inglés), una herramienta desarrollada en Estados Unidos que establece seis momentos de intervención en los que una persona con un trastorno mental puede recibir ayuda antes, durante o después de tener contacto con el sistema de justicia.

El modelo propone una coordinación entre servicios comunitarios de salud mental, cuerpos policiales, hospitales, tribunales y centros penitenciarios para identificar crisis psiquiátricas y ofrecer respuestas médicas antes de recurrir al encarcelamiento.

La especialista explicó que la aplicación de este enfoque requiere fortalecer los servicios comunitarios, capacitar a los agentes policiales y operadores judiciales, y mejorar los mecanismos de comunicación entre las instituciones responsables.

La experiencia penitenciaria de Texas como referencia

Lluberes indicó que su experiencia en hospitales psiquiátricos para personas privadas de libertad en Texas le permitió observar las consecuencias de una respuesta institucional fragmentada frente a los problemas de salud mental.

Según explicó, la falta de coordinación puede provocar un deterioro mayor de los pacientes, situaciones de crisis, intentos de suicidio y el uso de medidas de fuerza que, con una intervención temprana, podrían evitarse.

La especialista consideró que la República Dominicana puede adaptar experiencias internacionales como el modelo SIM a sus propias condiciones, mediante una estrategia que combine salud pública, justicia y prevención.

Salud mental, un desafío para el sistema público

El planteamiento de Lluberes se produce en un contexto en el que las autoridades dominicanas han reconocido la necesidad de ampliar la capacidad de respuesta del sistema nacional de salud mental, tanto en infraestructura como en servicios especializados.

La atención de personas con trastornos mentales dentro del sistema penitenciario representa uno de los desafíos de la política pública, debido a la necesidad de garantizar tratamiento médico, proteger derechos fundamentales y evitar que la cárcel sustituya a los servicios sanitarios.

El Euro Summit 2026 reunió a más de 200 médicos y especialistas nacionales e internacionales para analizar los retos actuales de la salud mental y promover estrategias basadas en evidencia científica.

Atención comunitaria e intervención temprana

El vínculo entre salud mental y justicia penal es un tema debatido internacionalmente. Organismos especializados han recomendado fortalecer la atención comunitaria y los programas de intervención temprana para reducir la institucionalización innecesaria de personas con trastornos mentales y mejorar su acceso a tratamientos adecuados.

En República Dominicana, los desafíos incluyen ampliar la cobertura de servicios psiquiátricos, fortalecer la prevención y mejorar la coordinación entre las instituciones sanitarias y judiciales.

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