La magistrada Margarita Cristo Cristo dictó los 18 meses de prisión preventiva en contra de la canadiense Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes cumplirán la medida en los Centros de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís y en Najayo Mujeres, San Cristóbal.
El Ministerio Público dio a conocer en un comunicado que también logró que el tribunal declarara la complejidad del proceso y acogiera la oposición a venta o traspaso de bienes muebles e inmuebles identificados.
Con sus argumentos, el órgano persecutor también consiguió que la magistrada Cristo Cristo rechazara los pedimentos de excepción de constitucionalidad contra la aplicación de la sentencia 765 el 29 de noviembre de 2024, dictada por el Tribunal Constitucional, por la misma estar diferida hasta noviembre de 2025 y de nulidad del arresto, por haberse respetado los cánones legales al momento de su arresto.
La supuesta estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la promoción de RE/MAX, al ser una empresa internacional, "altamente reconocida por su credibilidad" en este mercado, dijo el Ministerio Público.
La investigación realizada por el Ministerio Público, con el apoyo técnico de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAFT), de la Policía Nacional y conforme al informe financiero preliminar, realizado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a través de la Unidad de Investigaciones Criminales, se ha identificado, que los miembros de la organización delictiva han recibido la suma de 18,851,583 dólares.
El pasado viernes 7 de febrero se practicaron 11 allanamientos y 2 incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se secuestraron vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevantes al entramado, con lo que ha permitido al órgano persecutor identificar la manera de operador de la presunta red.
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