El rescate de 14 menores de edad de la denominada Fundación Restaurando Vida, en Haina, San Cristóbal, abrió una investigación para determinar en qué condiciones permanecían los niños y adolescentes y si fueron víctimas de maltrato, explotación laboral o trata de personas.
El caso comenzó a investigarse luego de que un niño de 12 años escapara del lugar y acudiera a un destacamento policial para pedir ayuda. Según el relato preliminar ofrecido por las autoridades, el menor denunció que otros niños permanecían en condiciones similares y describió agresiones físicas, quemaduras en las manos, falta de alimentos durante varios días y castigos.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que entre las prácticas denunciadas también figura la realización de trabajos con madera destinados a la construcción de una vivienda y castigos que incluían permanecer de rodillas durante períodos prolongados. Las autoridades, sin embargo, mantienen abierta la investigación para establecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades correspondientes.
Dos allanamientos y 13 personas detenidas
A partir de la denuncia del menor, la Policía Nacional, el Ministerio Público especializado en Niños, Niñas y Adolescentes y el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas realizaron dos allanamientos en el lugar.
Durante las operaciones fueron rescatados 14 menores, con edades que van desde tres meses hasta 13 años. Unas 13 personas fueron detenidas para fines de investigación, entre ellas Ángel Gabriel Capellán, de 69 años, señalado como responsable del lugar y conocido como “el pastor” o “el capellán”.
Los menores quedaron bajo protección de las autoridades. De acuerdo con información ofrecida por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), diez permanecen bajo su protección y están siendo sometidos a evaluaciones médicas y psicológicas, mientras otros cuatro fueron entregados a sus madres, quienes se encontraban con ellos en el lugar.
El centro ya había sido intervenido por Conani
Uno de los elementos que las autoridades deberán esclarecer es por qué el establecimiento continuó funcionando pese a una intervención previa.
La presidenta ejecutiva de Conani, Ligia Pérez Peña, informó que el lugar había sido intervenido en septiembre de 2025, cuando la oficina de Haina detectó que había niños allí. En aquella ocasión, los menores fueron entregados a sus familiares y se advirtió al responsable que no podía mantener niños bajo su cuidado sin la autorización correspondiente.
Pérez Peña señaló que el establecimiento nunca contó con la habilitación requerida para funcionar como centro de cuidado de niños, niñas y adolescentes. Esa autorización es necesaria para que las autoridades puedan supervisar las condiciones en que permanecen los menores y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para este tipo de establecimientos.
La versión de la esposa del pastor
Mientras avanza la investigación, Ceneida Fernández, esposa de Ángel Gabriel Capellán, rechazó las acusaciones contra su esposo y negó que los menores fueran golpeados o privados de alimentos.
Fernández aseguró que los niños recibían comida y que eran instruidos en la Biblia. También sostuvo que algunos padres llevaban voluntariamente a sus hijos a la fundación debido a problemas de conducta y que el propósito del lugar era contribuir con su cambio de comportamiento.
Otros miembros de la congregación también negaron las denuncias. Uno de ellos afirmó que un menor que presentaba golpes y quemaduras habría llegado al establecimiento con esas lesiones, antes de ser llevado por su madre. Estas declaraciones forman parte de la versión de los investigados y deberán ser contrastadas con los testimonios de los menores y las demás evidencias del proceso.
Las condiciones observadas en las instalaciones, no obstante, muestran habitaciones deterioradas, camas y camarotes en mal estado y una iluminación limitada, elementos que también forman parte de las circunstancias que deberán ser evaluadas por las autoridades.
¿Qué investigan las autoridades?
La investigación busca determinar cómo llegaron los menores al lugar, cuánto tiempo permanecieron allí y bajo qué condiciones. También se procura establecer si existió una estructura destinada a captar, trasladar o mantener a niños y adolescentes en el establecimiento.
El Ministerio Público deberá determinar si existen elementos para atribuir responsabilidades penales por presunto maltrato infantil, explotación laboral o trata de personas. Hasta que concluya el proceso, las denuncias no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad contra las personas investigadas.
Mientras tanto, los menores que permanecen bajo protección de Conani son evaluados para determinar su estado físico y emocional y establecer las circunstancias familiares que rodearon su permanencia en el centro.
Ángel Gabriel Capellán permanece detenido y, según las informaciones disponibles, está previsto que este jueves se conozca la solicitud de medida de coerción presentada en su contra.
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