Llevan 121 días con un campamento permanente en Los Aguacates, y no tienen intención de levantarlo. Comunidades de Pedro Brand —entre ellas El Pedregal, La Jagua, El Limón, Yaco, Salamanca, Mama Tingo y La Cuaba— mantienen una resistencia activa contra la instalación de un vertedero industrial impulsado por la empresa Oak House con el respaldo del Ministerio de Medio Ambiente. La Federación de Confraternidades de Iglesias Evangélicas del municipio y la Comisión No Vertedero de Los Aguacates presentaron esta semana un documento técnico que cuestiona punto por punto el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa, y exigen la intervención directa del Ejecutivo.
¿Qué dice el estudio ambiental que las comunidades rechazan?
El estudio de impacto ambiental de Oak House es el centro del conflicto. Según los voceros comunitarios —los pastores Ricardo Díaz y Francisco Burgos, y el dirigente Fabio Correa—, el documento contiene omisiones que no son menores: afirma que a 1,500 metros del proyecto solo hay dos viviendas, cuando en un radio de 500 metros existen más de 100 casas y una comunidad de más de 6,000 habitantes separada del terreno apenas por una alambrada.
El estudio también ignora, según los denunciantes, la existencia del Arroyo Lajas, el Arroyo Fermín, el Arroyo Jurunela y tres manantiales que nacen dentro del predio de 983,833 metros cuadrados donde se instalaría el vertedero. Esas fuentes alimentan ocho pozos tubulares que abastecen el acueducto autogestionario de Villa Esperanza-Los Macos, que sirve a unas 60 familias. El río Matua, tributario de esa pequeña cuenca, está a 300 metros del proyecto.
¿Cuánta basura procesaría el vertedero y qué implica eso?
El proyecto contempla una capacidad de más de 6,000 toneladas de residuos por día. Para dimensionarlo: el vertedero de Duquesa —el principal de Santo Domingo— recibe alrededor de 4,000 toneladas diarias y desde hace años genera conflictos ambientales y sanitarios con las comunidades vecinas. En Los Aguacates, la operación requeriría cortar aproximadamente 250,000 metros cúbicos de terreno en una zona de montaña, lo que, según los técnicos que asesoran a las comunidades, desestabilizaría la cuenca completa y abriría el riesgo de intrusión directa en los acuíferos, dado que las excavaciones superarían los 25 metros de profundidad.
El estudio propone, además, ventilación pasiva para el biogás generado —es decir, liberarlo directamente a la atmósfera—, una práctica que las organizaciones ambientales califican como violación a los compromisos climáticos del país.
¿Qué riesgos sanitarios concretos identifican los residentes?
La lista es específica. Una flota de maquinaria pesada operando en las inmediaciones de cientos de viviendas generaría ruido permanente por encima de los 75 decibeles, el límite establecido por la normativa nacional. El tránsito de camiones de basura dispersaría residuos en todo el trayecto. La exposición a vectores de enfermedades —moscas, roedores, lixiviados— sería directa para las familias más próximas.
El punto más crítico es el agua. Cientos de hogares de la zona dependen de pozos privados para consumo y riego, porque el acueducto público no llega o llega de forma irregular. Un colapso en los sistemas de drenaje de lixiviados contaminaría esos pozos sin posibilidad de remediación a corto plazo.
¿Qué organizaciones respaldan la resistencia?
El movimiento tiene respaldo más allá de las iglesias evangélicas. La Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), la Red de Organizaciones Comunitarias 27 de Febrero (Reocofe), la Coordinadora Nacional Popular (CNP) y el Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (Ircarp) enviaron comisiones de solidaridad al campamento. La amplitud del respaldo, que incluye sectores religiosos, populares y ambientalistas, convierte el conflicto en algo más que una disputa vecinal.
¿Por qué Pedro Brand?
La provincia Santo Domingo enfrenta una crisis de gestión de residuos sólidos que el gobierno de Abinader ha intentado resolver con nuevas infraestructuras. La saturación del vertedero de Duquesa y la presión demográfica del Gran Santo Domingo hacen urgente la habilitación de nuevos sitios. Pero la selección de Los Aguacates —una zona con fuentes hídricas activas, población densa y actividad agrícola— es lo que los opositores cuestionan: no el principio de gestionar los residuos, sino la ubicación específica y la transparencia del proceso de evaluación ambiental.
"Los que mejor cuidan su territorio son sus pobladores. El agua y la salud no se negocian", dijeron los voceros del movimiento. El campamento cumple 121 días. El Ministerio de Medio Ambiente no ha respondido públicamente a los cuestionamientos técnicos del estudio.
Compartir esta nota
Sigue leyendo
{{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}