El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el martes 22 de febrero, a las 11:00 de la mañana, el conocimiento de la revisión obligatoria de la Operación Medusa.
La audiencia fue reenviada porque “la defensa que rehúye a su conocimiento”, consideró el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La jueza Altagracia Ramírez de la Cruz acogió el pedimento de las defensas y aplazó la audiencia para la revisión obligatoria de las medidas de coerción a varios de los imputados de Medusa y que llevó a la apertura de un expediente encabezado por el exprocurador Jean Alain Rodríguez.
Camacho explicó que los abogados de las defensas hicieron referencia a un recurso que una de las partes tiene en la corte, “que le dice al tribunal que va a desistir, pero nosotros no tenemos ninguna constancia de eso, y por eso nos opusimos en el tribunal, con el interés de que se conociera la audiencia, pero el tribunal decidió aplazarla para el próximo martes”.
“Solo voy a decir una cosa sobre ese particular, cuando se presente la acusación de Operación Medusa se podrá ver por qué el que tiene sus lágrimas hondas comienza a llorar temprano”, precisó Camacho, al responder sobre alegatos de la defensa de Jean Alain Rodríguez de que el Ministerio Público quiere alargar el proceso.
Además de Jean Alain Rodríguez, por el caso también es procesado el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación de la Procuraduría, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Alfredo Alexander Solano Augusto y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, quienes cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal.
También, Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
El expediente involucra también a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado el pasado año en España y solicitada su entrega a la República Dominicana para que responda por los hechos de corrupción que se les imputan.
El pasado 29 de octubre el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le confirmó las medidas de coerción a varios imputados, ordenando la revisión obligatoria el 28 de enero de 2022, fecha en que fue aplazada para este viernes en virtud de que la imputada Jenny Marte Peña se presentó al tribunal sin su defensa.
En el caso de Rodríguez Sánchez y Forteza Ibarra le fue ratificada en otra audiencia realizada en diciembre pasado en virtud de un recurso de apelación que interpusieron ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional y se dispuso la revisión obligatoria para el próximo 19 de marzo.
Según consta en el expediente, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.