El Consejo de Defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez sometió una demanda en contra de la magistrada Kenya Romero, por su supuesta parcialidad como jueza en el caso Medusa.
“Se apartó de su función, adoptando una actitud dañosa, penetrando a un plano cuasi personal, tipificando de esta forma el dolo y prevaricación, lo cual se traduce en la tipicidad de la responsabilidad civil y que caracteriza los daños, pues allí, donde hay una falta, un perjuicio y un vínculo de casualidad entre el daño y el perjuicio, esta concretada la responsabilidad civil, la cual procede condenar a dicha magistrada en reparación de los daños causados”, aseguró Carlos Balcácer, uno de los abogados del exprocurador.
Dijo que Romero debe responder ante los tribunales "por dañar y actuar, de espaldas a la ley, instruyendo a su secretaria general interna a negarse a rendir respuestas sobre las solicitudes en torno al archivo presuntamente organizado a los fines acceder a las resoluciones firmadas por ella, afectando el derecho de propiedad del exprocurador y su defensa".
Asimismo, el Consejo de Defensa denunció que han realizado más de cien solicitudes de pruebas a descargo, documentos y diligencias de investigación y, a la fecha, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) no ha realizado diligencia ni entregado un solo documento, “ocultando las pruebas que descargan a Jean Alain Rodríguez en franca violación a la ley”.
Según los juristas, se trataría de una supuesta trama con acciones arbitrarías y métodos ilegales para obtener una extensión del período de investigación y así mantener en prisión al exprocurador.
Balcácer, acompañado de los también abogados Gustavo Biaggi y Francisco Franco, afirmó que próximamente se vencerá el plazo de investigación, para que el Ministerio Público presente la acusación formal, por lo que temen el organismo solicite una prórroga, a pesar de que su cliente fue apresado hace casi un año (marzo del 2021).
El artículo 228 del Código Procesal Penal establece de forma clara que al Ministerio Público solicitar y recibir una prórroga el juez debe suspender la prisión preventiva, estando obligados a poner en libertad nuestro cliente, pero para forzar y presionar al juez a que de forma excepcional mantenga a nuestro cliente en prisión ilegal al igual que lo han realizado en los denominados casos Pulpo y Coral, realizarían allanamientos y arrestos simbólicos para agravar ante la opinión pública y presionar al juez para que no cumpla con lo descrito en la ley", señaló el consejo de defensa.