El consejo de defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, responsabilizó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) de las "muertes, heridos y daños a las obras, así como pérdidas, saqueos y deterioro de equipos" en los recintos penitenciarios de La Victoria y San Juan.

El equipo de defensa del exprocurador explicó que de haberse concluido y puesto en operación los nuevos recintos penitenciarios de San Juan que cuentan con mayores niveles de seguridad, los incidentes violentos ocurrido en la cárcel de San Juan, con varios heridos como resultado, no habrían ocurrido.

"El actual recinto de la Fortaleza de San Juan no es un recinto propio ni diseñado para albergar internos y además se encuentra en situación deplorable con una capacidad máxima de 140 personas. Sin embargo, se encuentran recluidos más de 800 internos, durmiendo a la intemperie muchos de ellos, en condiciones inhumanas y sin los debidos controles de seguridad que ocasionaron el motín y heridas con armas blancas durante el fin de semana pasado", indicó la defensa de Rodríguez, en un comunicado de prensa.

Y apuntó que debido a esa deplorable situación el Plan de Humanización contempló la construcción de un nuevo y moderno recinto penitenciario en la provincia de San Juan, que fue entregado a la nueva gestión completamente equipado y listo para entrar en operación…  "solo pendiente de concluir detalles de terminación".

Sin embargo, agregan los abogados defensores, "contradiciendo el espíritu, planes y decisión de ambos procuradores actuantes, la PEPCA decidió detener y abandonar esa obra, que ha generado un deterioro, saqueos y pérdida de decenas de millones de pesos, pero sobre todo heridos y muertes que caen sobre sus hombros".

Señalaron que no era necesario ni obligatorio detener esa, ni ninguna de las obras para que la Cámara de Cuentas realice su auditoría.

"La PEPCA con esa detección está generando la perdida de vidas, motines, heridos y cientos de millones de pesos en pérdidas que caen sobre sus hombros.  Tienen privado de libertad al exprocurador por vicios de construcción, mientras ellos destruyen esas obras y el erario, siendo éste el verdadero crimen”, apuntó Carlos Balcácer, uno de los abogados.

Y citó como ejemplo que Punta Catalina y cientos de obras, han sido auditadas o están siendo auditadas sin detener las obras o con las obras ya finalizadas.

El nuevo y moderno centro de San Juan tiene capacidad para 994 internos con lo cual se pone fin a la sobrepoblación de esa provincia y zonas aledañas, citaron. Igualmente, apuntaron que La Nueva Victoria, su estructura cuenta con diversas áreas que permiten dar un tratamiento individualizado a cada interno, desde el momento de su ingreso hasta finalizado su tiempo allí.

El equipo de defensores citó detalladamente los componentes de la Nueva Victoria, obra que ahora se encuentra bajo investigación por posibles irregularidades en la gestión de Jean Alain.

Los abogados citaron que la nueva obra cuenta, entre otros detalles, con modernos equipos y alta tecnología, fibra óptica y cableado que comunica todos los edificios; detectores de metal, scanners, circuito cerrado con decenas de cámaras de alta definición, luces, inodoros, lavamanos y duchas anti vandálicas, caniles de ataque y detección de drogas y dinero, equipos antimotines y otros dispositivos de seguridad.

"Esta obra estaba prácticamente lista y no fue puesta en operación por los retrasos que generó la pandemia, con el compromiso de finalizarla el contratista en menos de 30 días.  La obra estaba tan avanzada que todo el mobiliario ya se encontraba allí incluyendo más de 10,000 libros organizados en la biblioteca, equipos de cocina, ropa de cama, vehículos y hasta los kits de higiene.  Al contratista solo le faltaban colocar algunas ventanas, puertas, asfaltado parcial y otros detalles".

Criticaron que al llegar la nueva Procuradora Miriam Germán Brito, la misma firmó correctamente una adenda con el contratista de esa obra señalando en el mismo que el proceso de licitación había sido exitoso y ratificó el contrato inicial en todas sus partes, extendiéndole el tiempo y plazo al contratista para que concluyera la obra y así ponerla en operación.

"El hecho de que Miriam Germán Brito ratificara este contrato confirma que la misma y su equipo evaluaron el proceso de adjudicación, las cubicaciones y sobre todo confirma su intención de continuar el Plan de Humanización, para así acabar con las drogas, motines, violaciones a los derechos humanos y muertes en el actual recinto de San Juan y sobre todo que no se perdieran los cientos de millones invertidos en esa obra", concluyeron.

La PEPCA pudo separar de las investigaciones el tema de las eventuales sobreevaluaciones para una segunda etapa como se hizo con el caso Odebrecht.