La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito nacional, Patricia Padilla acogió de manera parcial la solicitud de variación de medida de coerción contra Gonzalo Castillo, quien es señalado en caso Calamar.
La magistrada dispuso el levantamiento del arresto domiciliario, aunque se le mantiene el impedimento de salida y la garantía económica.
La lectura íntegra de esta decisión fue fijada para el 12 de enero, a las 3:00 de la tarde.
El representante legal del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Luis Rivas manifestó sentirse satisfecho con esta decisión y aseguró estar en condiciones en conocer el proceso.
Luego de la decisión, Castillo se mostró feliz con la variación a la medida y dijo que “tan pronto me lo permitan, iré a visitar a mi mamá y papá”.
A su salida de la sala de audiencias, aseguró que en República Dominicana ha construido todos sus sueños y es el lugar donde quiere seguir viviendo y trabajando.
Voy a visitar a mi mamá y papá, esto es un regalo para nosotros como familia, en la que siempre hemos confiado en que la justicia finalmente triunfa , aseveró.
El pasado seis de diciembre, ese mismo tribunal ordenó al Ministerio Público la entrega de la carpeta fiscal a Castillo.
Las acusaciones
En este proceso judicial, el órgano persecutor acusa a los encartados de realizar durante el periodo 2016-2020 cobros ilegales conjuntamente con la Dirección de Casino y Juegos de Azar, una dependencia del Ministerio de Hacienda.
Dicho cobro consistía en el ingreso ilícito a las bancas deportivas, de loterías y a los colmadones, las que debían pagar una mensualidad o de lo contrario serían cerrados por el Ministerio de Hacienda.
Pero la documentación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, vincula a el exfuncionario con algunas irregularidades y violaciones legales a los contratos de suministro de material asfáltico AC-30 del Ministerio de Obras Públicas, por un costo de RD$ 325 millones 830 mil 826, que comprometen la gestión del exministro Gonzalo Castillo, en el gobierno de Danilo Medina, que detectó la Cámara de Cuentas de la República (CCRD).
Los contratos para suplir el asfalto fueron adjudicados a la empresa General Supply, Corporation, que según los auditores de la CCRD al momento del convenio con el Estado carecía de licencia para operar en el mercado del petróleo y sus derivados, en violación al decreto 307.01.
Dicha auditoría también detectó impuestos y recargos dejados de percibir por el Estado ascendentes a RD$ 171,999,103, así como una diferencia en el AC-30 importado frente al facturado por la cantidad de 2,884,623 galones, equivalente a RD$ 359,712,488.
Durante la investigación especial, los auditores confirmaron también transferencias del Ministerio de Hacienda por RD$ 728 millones 020, 570, sin que Obras Públicas dispusiera de planificación presupuestaria para la compra de cemento asfáltico en ese momento.
Además de Gonzalo Castillo, también son encartados en este expediente el ex ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz; el excontralor General de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; ex director de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.