El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) solicitaron al Ministerio Público que investigue la contratación ilegal de Stanley Consultants y de Manatt, Phelps & Philips, LLP, por parte del Ministerio de Energía y Minas, en el 2021.
La solicitud está motivada por la constatación de la auditoría practicada por la Cámara de Cuentas a Punta Catalina de que no fueron sometidas las informaciones financieras correspondientes al período comprendido entre agosto de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, porque no se recibió ningún soporte, pese a ser requeridos formalmente en reiteradas ocasiones.
El 12 de enero de 2021, las organizaciones denunciaron que el entonces ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, había contratado de manera subrepticia e ilegal a las empresas Stanley Consultants y Manatt, Phelps & Philips, LLP, a pesar de haber estado implicadas en el amañamiento de la licitación de Punta Catalina para favorecer a Odebrecht.
Negaron que existieran esos contratos
A pesar de la insistencia de las organizaciones en la denuncia, se alertó que tanto la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), que dirige Milagros Ortiz Bosch, negaron que existieran esos contratos o que se hubieran contratado estas empresas.
“A la luz de este dato de que no existen registros de los gastos relacionados con Punta Catalina que se efectuaron desde agosto del 2020 al 31 de diciembre de 2021, se entiende por qué no se encontraron evidencias de esta contratación aunque se produjera”, explicaron.
Consideraron que estas contrataciones vergonzosas e ilegales quedaron ocultas en el hoyo negro que ahora la auditoría de la Cámara de Cuentas acaba de constatar y evidenciar.
“La verdad es como el corcho que por más que se trate de hundirla u ocultarla, tarde o temprano sale a flote. Nuestra denuncia fue absolutamente verdadera y si no se pudo demostrar en aquel entonces fue porque la administración ocultó estos contratos y sus erogaciones, así como muchos otros gastos efectuados de manera ilegal”, comentaron.
Manifestaron que se unen al reclamo de la Cámara de Cuentas de que el Ministerio de Energía y Minas informe sobre los gastos que se realizaron en casi año y medio sin registros y sin ningún soporte.
“Entre esos gastos está el pago de Stanley Consultants y Manatt, Phelps & Philips, LLP,”, puntualizaron.
Señalaron que según la auditoría estas dos empresas son citadas con graves irregularidades como haber recibido extensión de sus contratos por más del 50 % del monto inicial, no estar registradas como proveedores del Estado, entre otras transgresiones.
Dijeron que la Cámara de Cuentas se alarmó ante la situación evidentemente irregular de que para el año 2021 Punta Catalina todavía permanecía como una obra en construcción, pese a que la misma se encontraba terminada y operando desde abril del 2020.
Valores contabilizados no validados
Recordaron que la auditoría encontró valores contabilizados no validados por RD$21,100,083,823, que equivalen a US$443 millones, lo que representa el 14% del total de lo gastado en Punta Catalina.
Por otra parte, la auditoría reporta un costo total de Punta Catalina de US$ 3,276,811,301.13, con un sobre costo de US$ 1,245,311,301.13 sobre el precio fijo ajustado del contrato. Este precio fijo ajustado del contrato es de US$ 2,031,500,000.00 del cual la construcción de Punta Catalina no debía pasar bajo ningún concepto.
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