El Gobierno dio inicio al proceso de levantamiento técnico que marca el comienzo del cierre definitivo del Centro Penitenciario de La Victoria y con ello poner fin a una de las páginas más oscuras de la democracia y del sistema penitenciario dominicano.
La comitiva estuvo conformada por ingenieros, arquitectos, agrimensores, especialistas en infraestructura y personal electromecánico que forman parte de los equipos técnicos de la Oficina Presidencial de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP) y del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED).
También, representantes de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE).
La delegación fue recibida por funcionarios del Sistema Penitenciario, quienes ofrecieron las explicaciones correspondientes y guiaron el recorrido por las áreas a intervenir.
Esta evaluación permitirá identificar qué estructuras son rescatables y cuáles deben ser demolidas como parte de una estrategia integral que da paso a la transformación definitiva del sistema penitenciario.
Como resultado del levantamiento, se proyecta el diseño de un nuevo centro penitenciario de menor escala, destinado exclusivamente a internos preventivos, bajo los estándares del modelo reformado.
Este centro será operado por personal civil capacitado por el Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales (INSEEPENC), antes conocido como Escuela Penitenciaria.
Este proceso coincide con la evaluación y futura reubicación de un segmento de la población interna de La Victoria al Centro Penitenciario Las Parras, próximo a ser inaugurado con una capacidad para 2,400 privados de libertad, lo que constituye un paso decisivo para reducir el hacinamiento y las condiciones inhumanas que han caracterizado históricamente a La Victoria.
El inicio de este proceso representa un avance trascendental para la República Dominicana en su camino hacia una reforma penitenciaria estable y orientada a la rehabilitación, que deje atrás décadas de inseguridad, hacinamiento, abandono y violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, así como de irrespeto a las víctimas, es la meta consignada como la prioridad principal del próximo Ministerio de Justicia.
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