Cada lunes, en la Policía Nacional de Santiago, los repartidores, mensajeros, mototaxistas y otros ciudadanos que dependen de una motocicleta para su trabajo enfrentan un drama que pone a prueba su paciencia y cuestiona el sistema.
Motocicletas de todo tipo son incautadas en los operativos ordenados por el general Juan Bautista Jiménez Reynoso, director local de la Policía, quien presume de que esta medida garantiza la paz y la seguridad en Santiago.
"Todos aquellos ciudadanos que no quieran ajustarse a la ley, nosotros estaremos de frente, trabajando para prevenir la comisión de delitos en motocicletas, porque hay un alto porcentaje de crímenes cometidos con este medio de transporte", ha declarado Jiménez Reynoso. Anteriormente, el general ordenó operativos contra los motociclistas que cubrían sus rostros para protegerse del sol, aunque la medida solo se mantuvo por algunos días.
Las motocicletas y pasolas incautadas son trasladadas en camiones y camionetas de la institución hasta la antigua Base Aérea de la avenida Bartolomé Colón. Una vez allí, comienza la odisea de los ciudadanos que fueron dejados a pie por los patrulleros que "cazan" a los motorizados.
Las autoridades justifican estas redadas con diversos argumentos: falta de documentos, no uso del casco protector, mal estado de las motos e incluso la apariencia del conductor si les parece sospechosa.
No importa la hora ni el día, los conductores son abandonados en las calles sin consideración, aunque lleven consigo una comunicación empresarial, una carta consular, una pizza o un pedido de supermercado.
Solo se salvan aquellos que pueden hacer una llamada a alguien con influencia que ordene al patrullero "hacerse de la vista gorda", aun cuando el motociclista esté en falta. También abundan denuncias sobre pagos irregulares para evitar ser detenidos.
Cuando los motores llegan a la base, empieza un verdadero viacrucis para sus dueños. Incluso con casco y papeles en mano, no es suficiente para recuperarlos en un tiempo que les permita llegar a su trabajo ese día.
Las filas, aunque no siempre largas, se vuelven interminables para quienes no tienen un teniente, sargento, cabo o raso que les facilite el trámite.
Incluso aquellos que tienen la documentación en regla deben disponer de mucho tiempo para recuperar su motocicleta, ya que el proceso de depuración es un caos.
En el pequeño cuarto de “Atención al Usuario” solo hay un escritorio viejo y policías trasnochados con poca paciencia para atender a un mensajero que necesita resolver su situación en una hora.
Pedro Julio se queja de que no existe un mecanismo ágil para que los agentes verifiquen los datos rápidamente. Son los propios ciudadanos quienes deben buscar entre las motocicletas incautadas para identificar la suya.
Los lunes en la mañana llueven las quejas. La gente exige al general Jiménez Reynoso que "le baje" a los operativos, porque afectan tanto a trabajadores con documentos en regla como a jóvenes que compiten en carreras clandestinas.
En muchos casos, las motocicletas son recuperadas con daños, ya que son arrojadas a los camiones como si fueran chatarra. Algunos ciudadanos incluso denuncian la extracción de combustible de sus vehículos.
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