El equipo jurídico de la empresa Paraíso Tropical denunció que, a pesar de existir una sentencia definitiva emitida por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en junio de 2024, aún no ha sido ejecutada la orden que dispone la devolución de una propiedad ocupada ilegalmente por el Hotel Catalonia, en la zona de Cabeza de Toro, Punta Cana, ni se ha calculado la compensación económica por daños y perjuicios.
El conflicto judicial se remonta al año 2012, cuando la empresa demandó a Inversiones Azul del Este, propietaria del referido hotel, por haber utilizado más de 19 mil metros cuadrados de una propiedad contigua para construir parte de un campo de golf, obstruyendo el desarrollo de un ambicioso proyecto turístico de 10 millones de metros cuadrados que incluía hoteles, residencias, áreas recreativas y una pequeña ciudad.
Según explicó la oficina legal de Paraíso Tropical, la Dirección de Mensuras Catastrales ya había certificado que la parcela afectada pertenece a la empresa dominicana.
No obstante, la ocupación se mantuvo por años, lo que llevó a un prolongado proceso judicial que ha atravesado distintas instancias: Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Higüey (2012), Tribunal Superior de Tierras (2018 y 2020), y Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central (2023), hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, que en 2024 ratificó la decisión anterior y declaró la sentencia definitiva.
Pese a esto, la oficina jurídica denuncia que, a un año de la decisión final, no se ha ordenado formalmente la devolución del terreno ni se ha calculado el monto del astreinte —una indemnización basada en los días de ocupación desde 2012, fijada por los tribunales.
“La sentencia está firme, no hay más nada que decidir. Solo falta una comunicación del tribunal que ordene el cumplimiento de la devolución y el cálculo del astreinte, algo que no debe tomar más de un par de días”, indicaron los abogados, señalando directamente a la magistrada Febrillet como responsable del retraso por ser la ponente del caso.
De no recibir respuesta, advirtieron que se verán obligados a presentar una instancia por denegación de justicia ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ya que el caso acumula un recorrido judicial de 16 años.
El prolongado estancamiento del caso genera preocupación sobre la seguridad jurídica en inversiones inmobiliarias y turísticas en la zona este del país.
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