El exdiputado y expresidente de la Comisión Permanente de Frontera de la Cámara de Diputados, Rafael Méndez, hizo un enérgico llamado al titular de la Dirección General de Migración (DGM), vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, para que ofrezca explicaciones "claras y urgentes sobre los preocupantes casos de corrupción y trato irregular a ciudadanos haitianos en los operativos migratorios".
"Como 'para muestra, basta un botón', en mi condición de fronterizo, de exdiputado y de expresidente de la Comisión Permanente de Frontera de la Cámara de Diputados, emplazo al director general Lee Ballester (ARD), para que, en mi condición de ciudadano, me explique cómo es posible que un nacional haitiano que fue sacado de su trabajo, trasladado a su país, y con el pago de 20 mil pesos llegó hasta Santiago, y de ahí sin inconveniente arribó a Santo Domingo, y retomó de nuevo su puesto en el lugar que trabaja", declaró Méndez.
El exdiputado Méndez no se limitó a este ejemplo y señaló que conoce de "muchos casos" en los que nacionales haitianos, a pesar de tener su documentación al día y estar legalmente en la República Dominicana, son llevados hasta la frontera por negarse a sobornar a patrullas motorizadas que les exigen dinero.
"Hemos documentado situaciones donde se les requiere 'deme aunque sea mil pesos', o el caso de una joven haitiana obligada a buscar cinco mil pesos para ser liberada, e incluso un haitiano que, tras ser apresado y cruzado a la frontera dominico-haitiana, regresó a su hogar en un pueblo fronterizo con solo 500 pesos", detalló Méndez, evidenciando "un patrón alarmante de extorsión y corrupción".
Vulneración de derechos y riesgos internacionales
Méndez advirtió que estas prácticas no solo son inaceptables, sino que también acarrean serios riesgos para la imagen y la responsabilidad de la República Dominicana ante la comunidad internacional.
Recordó sus advertencias previas sobre las consecuencias de la deportación de mujeres parturientas o en labor de parto, la separación de familias y la deportación de niños y niñas sin identificación ni acompañamiento.
"La forma en que se están llevando a cabo estas acciones podría generar graves responsabilidades legales para la República Dominicana, pues la intervención en centros de salud y la separación de núcleos familiares vulneran los estándares internacionales de derechos humanos y la protección especial debida a estas personas en estado de indefensión", enfatizó el exlegislador.
Llamado urgente a la transparencia y la legalidad
El exdiputado por la provincia Bahoruco reiteró que si bien el Estado tiene el derecho a regular su flujo migratorio, la deportación de personas en estado de indefensión, sin las debidas garantías legales y sin considerar su extrema vulnerabilidad, podría ser interpretada como un trato inhumano o degradante.
"El derecho internacional contempla la 'deportación o traslado forzoso de población' como un posible delito de lesa humanidad bajo ciertas circunstancias, especialmente cuando se realiza de manera sistemática contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque", recordó Méndez, urgiendo a las autoridades migratorias a actuar con la debida transparencia y apego a la ley.
Méndez concluyó haciendo un llamado a una revisión urgente de los protocolos de deportación y a garantizar que las acciones de las autoridades migratorias se enmarquen en el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales, evitando así la exposición del país a condenas internacionales por actuaciones irregulares
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