El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) presentó este martes una denuncia formal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), en la que solicita una investigación penal por el presunto manejo irregular de fondos públicos, violaciones a la Ley de Fideicomiso Público y otras disposiciones constitucionales, administrativas y penales en la gestión del Fideicomiso DO Sostenible.
La instancia, dirigida a la magistrada Yeni Berenice Reynoso y canalizada a través del titular de la PEPCA, Wilson Camacho, así como a la directora de la Digeig, Milagros Ortiz Bosch, detalla que entre los años 2021 y 2024 el fideicomiso habría recaudado más de RD$7,978 millones, de los cuales solo se ejecutó un 38.8 %. De ese porcentaje, el 80 % fue adjudicado exclusivamente a dos empresas privadas: Cilpen Global Business S.R.L. y Relleno Sanitario Vermont S.R.L.
Según el PRD, este esquema evidencia una posible concentración irregular de recursos, falta de transparencia en los procesos contractuales y violaciones a las leyes 28-23 de fideicomiso público, 340-06 de compras y contrataciones, y 225-20 de residuos sólidos. En el caso de Cilpen Global, el partido asegura que recibió más de RD$ 1,337 millones en solo dos años, a pesar de contar con una capacidad operativa de apenas 300 toneladas diarias, lo cual “no se justifica técnica ni legalmente”.
La denuncia también critica la inexistencia de auditorías técnicas o informes públicos que expliquen la adjudicación de estos contratos millonarios, al tiempo que señala que gobiernos locales, asociaciones comunitarias y microempresas recicladoras han sido excluidos del acceso a los fondos, en contravención al principio de descentralización establecido en la Ley 225-20.
El PRD considera que “no puede hablarse de aumentar las contribuciones al fideicomiso ni de reformas tributarias vinculadas, sin antes realizar una auditoría integral, técnica y financiera de todas sus operaciones”.
Entre las solicitudes del partido se incluyen: la apertura de una investigación penal, la realización de auditorías forenses y financieras, la adopción de medidas cautelares para proteger el erario y la investigación de responsabilidades tanto de funcionarios públicos como de actores privados.
La denuncia fue depositada por una comisión del PRD encabezada por Víctor Feliz, secretario nacional de Asuntos Municipales, y el diputado Ramón Raposo, acompañados por los juristas José Fernando Pérez Vólquez, José Juan Zapata, Henry Blanco y Jacinto Santos Santos.
El PRD reiteró su compromiso con un modelo de gestión de residuos que sea “justo, equitativo y descentralizado”, y que fomente una política ambiental inclusiva, con generación de empleos verdes y fortalecimiento de la economía circular desde lo local.
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