Durante la audiencia del juicio de fondo a los imputados en la operación Coral, la fiscal Elvira Rodríguez, testigo presentada por el Ministerio Público, reveló que el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez contaba con una oficina de máxima seguridad en su residencia.
Según Rodríguez, en un allanamiento realizado en el lugar, se encontraron decenas de discos duros y tokens bancarios.
La fiscal explicó que la residencia de Girón Jiménez tenía varias áreas protegidas con shutters de seguridad, lo que evidenció el alto nivel de resguardo de la propiedad.
Ante el hallazgo, Rodríguez indicó que fue necesario solicitar la asistencia de peritos especializados para evitar la pérdida de información, lo que motivó la intervención de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso y el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho.
Por su parte, el fiscal Andrés Mena corroboró la versión de Rodríguez y precisó que permanecieron en la propiedad de Girón Jiménez desde la noche del 24 de abril de 2021 hasta el 26 del mismo mes, para que los peritos pudieran asegurar las pruebas necesarias en este proceso judicial.
La operación Coral ha destapado una supuesta red de corrupción militar y policial, en la que varios oficiales de alto rango están siendo procesados por desvío de fondos públicos y enriquecimiento ilícito.
Entre los acusados figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Son procesados el general Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
El proceso también se sigue contra Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
El órgano acusador presentó cargos en este proceso contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, quienes son acusados de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
El presunto entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Los encartados fueron arrestados en abril del 2021, acusados por corrupción administrativa por RD$ 4,500 millones en propiedades y productos financieros. Fueron realizados 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega.