Al asumir sus defensas materiales Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa, el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD) y el empresario Daniel Aquino Hernández, coincidieron en que la compra de los aviones Super Tucano no se realizó mediante soborno.

Pese a que la sentencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en fecha 30 de septiembre del año 2022 descargó a estos señalados, el Ministerio Público sostiene que los ocho aviones que adquirió el Estado dominicano en el año 2007 se realizó por medio de corrupción administrativa, razón por la cual apeló esta decisión.

En su defensa material Pedro Rafael Peña Antonio, explicó que su trabajo era llevar una agenda para cuidar los espacios aéreos tanto en la Fuerza Aérea como en el Ministerio de las Fuerzas Armadas.

Destacó que desde que llegaron los aviones al país ayudó a detectar cargamentos de sustancias ilícitas, las mismas fueron sacadas de las calles.

En sus cinco minutos otorgados por los jueces de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Carlos Piccini Núñez, su rol era técnico donde hizo las recomendaciones de lugar y procuro hacer que las tareas asignadas se realizarán.

Como el único imputado en este caso que cumplió tres años en prisión, narró la manera en la que fue tratado allí, como meses en confinamiento y ciertos abusos que cometieron contra su familia.

Mientras que Daniel Aquino, alegó que el papel que desempeñó era de ofrecer servicios logísticos, el cual describió que este se trataba cobrar por el uso de espacios en sus oficinas como estaciones de trabajos, servicios secretariales, equipos informáticos, papelería, publicaciones, entre otros.

Asimismo, dijo que al estar involucrado en este caso se ha realizado una campaña mediática en su contra, ocasionando un daño familiar.

Los jueces Doris Pujals, Ramona Rodríguez y Rafael Báez, se reservaron el fallo de este caso para el 12 de junio a las 12:00 del mediodía.

Luego de salir del tribunal, el representante del Ministerio Público, José Miguel Marmolejos manifestó que esperan que sean acogidas sus conclusiones donde pidieron que se anule la sentencia y que se ordene un nuevo juicio de este proceso.

Para el fiscal adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), entiende que es necesario realizar una valoración completa de la prueba para que sean corregidos fallos.

El órgano persecutor sometió este recurso de apelación en fecha de 6 de septiembre del año 2022.