El Ministerio Público solicitó hoy que se revoque la sentencia que descargó al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; al coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), al empresario Daniel Aquino Hernández y a las firmas 4D Business Group y Magycor, a los que implica en delitos de soborno en la importación de aviones militares Super Tucano.

La sentencia absolutoria fue emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el 30 de mayo del 2022, seis años después de iniciado el proceso en el 2016, pero no fue hasta el 2017 que el órgano persecutor presentó la acusación de manera formal.

Desde tempranas horas de este jueves, los jueces Doris Pujals, Ramona Rodríguez y Rafael Baez, de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, escuchan los alegatos de los fiscales adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) sobre el recurso de apelación a la sentencia que descargó a los señalados por supuestos sobornos para esta compra a Brasil que data del año 2007.

En esta audiencia el tribunal dispuso que tanto el Ministerio Público como las defensas  de los absueltos en primera instancia presenten sus alegatos.

La PEPCA pidió la celebración de un nuevo juicio en un tribunal de primera instancia distinto al que dictó la sentencia inicial.

La defensa del mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio solicitó a los jueces a su vez que rechacen las conclusiones del órgano persecutor por considerar que "los argumentos planteados son irreales".

Opinó que no se puede acoger el recurso interpuesto por el Ministerio Público debido a que los fiscales "no probaron los vicios que ellos alegan que contiene la sentencia" que descargó a su defendido y lo mismo expresó el abogado de Piccini Núñez, quien también subrayó que las juezas que fallaron a su favor lo hicieron conforme a lo establecido en las leyes.

El abogado Alejandro Tejada aseveró que debe ser rechazado el planteamiento del Ministerio Público "por no comprobar los defectos de la sentencia" y además que las costas sean compensadas.

De su lado, la defensa técnica del empresario Daniel Aquino Fernández manifestó que ninguno de los elementos presentados por los miembros de la PEPCA involucra a su cliente.