El movimiento cívico Participación Ciudadana manifestó que la sentencia absolutoria dictada en el caso Súper Tucano, así como el no ha lugar en el de Los Tres Brazos, se suman al de Odebrecht "en la misma ruta de impunidad que sigue nuestro país desde siempre, dejando muy mal parado al sistema de justicia".
Sin embargo, el capítulo dominicano de Transparencia Internacional defendió la gestión de Miriam Germán Brito al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), al afirmar que las decisiones sobre estos tres casos se producen en momentos en que "se han instalado francotiradores que pretenden descalificar a la magistrada", a pesar de que estos expedientes, al igual que la precaria situación carcelaria que existe en el país, no han sido responsabilidad suya.
“Las críticas a la magistrada Germán Brito tienen por finalidad presionarla para hacerla renunciar a su posición y colocar allí a alguien que permita que los escándalos de corrupción que cursan ante el Poder Judicial o se encuentran bajo investigación actualmente, sigan la suerte de los preparados bajo la responsabilidad del antiguo procurador general de la República”, aseguró Joseph Abreu, coordinador general de Participación Ciudadana.
El organismo reiteró su confianza en el equipo encabezado por Germán Brito, e integrado, entre otros, por los magistrados Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución, y Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
“No importa que la culpa sea del Ministerio Público o de los jueces, quien resulta finalmente perjudicado es la ciudadanía”, indicó.
Abreu entiende que ha fallado el sistema de justicia pues los hechos criminales han sido mucho más que evidentes, llegando en los casos de las empresas brasileñas hasta el punto de éstas haber confesado los sobornos y declarado los montos entregados.
"En Los Tres Brazos se vendieron terrenos del Estado en forma irregular y contrario a la Constitución y las leyes, en favor de una empresa privada y en perjuicio de personas que ocupaban dichos terrenos por largos años. No cumplieron con la obligación constitucional de obtener la aprobación del Congreso Nacional, según se hizo constar en un informe rendido por una comisión especial encabezada por el entonces Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. Flavio Darío Espinal", precisó.
En el caso Super Tucano, el movimiento cívico destacó la necesidad de introducir reformas que impidan se instale el interés partidario en el Ministerio Público, pues aseguró que este caso, al igual que el de Odebrecht, estuvo bajo la responsabilidad de Jean Alain Rodríguez, "un procurador general de la República que fue incapaz de perseguir la corrupción de sus propios compañeros de partido".
"Se presentaron acusaciones sin haber recolectado en Brasil las pruebas que las empresas se comprometieron a entregar cuando firmaron con él sendos acuerdos de penal abreviado. Permitir que los casos Super Tucano y Odebrecht llegarán a juicio de fondo sin las pruebas correspondientes, a pesar de tener el compromiso escrito de entregar las mismas por parte de ambas empresas, revela una clara obstrucción a la justicia y, en el menor de los casos, una negligencia grosera, que debe ser investigada por las actuales autoridades del Ministerio Público”, señaló la entidad.