El Movimiento Reconocido denunció la violación de derechos humanos ocurrida la madrugada del 26 de febrero en El Seibo, cuando agentes de la Policía Nacional, la Dirección General de Migración y el Ejército allanaron sin orden judicial la vivienda de Epifania St. Chals, activista social y lideresa de la organización.
Aproximadamente a las 6 de la mañana, los agentes ingresaron sin justificación legal a la propiedad, bajo el pretexto de buscar personas extranjeras indocumentadas.
St. Chals comenzó a grabar la intervención, momento en el que un agente intentó arrebatarle el teléfono con violencia, sujetándola por el cuello y amenazándola con asfixiarla, frente a sus hijos menores y su madre.
El allanamiento forma parte de los operativos de deportaciones masivas y arbitrarias que afectan a personas migrantes y a la población negra en el país, según el Movimiento Reconocido.
La organización aseguró que el gobierno del presidente Luis Abinader y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, "han suspendido de hecho las garantías del debido proceso, sin acción alguna por parte de la Procuraduría General de la República, el Defensor del Pueblo ni el Congreso".
Agregó que más de veinte personas fueron detenidas arbitrariamente en el operativo, incluyendo dominicanos de ascendencia haitiana con documentación legal y personas dominicanas negras sin ascendencia haitiana conocida.
La organización sostuvo que la práctica constituye un "acto de perfilamiento racial y expulsión colectiva", prohibidos por pactos internacionales suscritos por el Estado dominicano.
Las redadas migratorias se llevaron a cabo en las comunidades de La Higuera, Kilómetro 2, Santa Lucía y Villa Guerrero, donde las autoridades habrían detenido a personas basándose en su apariencia física, en violación de las garantías constitucionales del debido proceso.
El Movimiento Reconocido exigió una investigación inmediata sobre el allanamiento y la agresión a St. Chals, con sanciones ejemplares para los responsables.
También demandó el cese de los operativos racistas y arbitrarios, intensificados tras la cuota de 10,000 expulsiones semanales anunciada el 2 de octubre de 2024.
La organización recordó que este hecho viola la medida cautelar 408-13 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ordena al Estado dominicano garantizar la integridad de los miembros del Movimiento Reconocido.
Denunciaron que el gobierno ha incumplido esta medida en diversas ocasiones, incluyendo la detención arbitraria de Franklin Dinol y Alberto Pierre en 2024 y 2023, respectivamente.
El Movimiento Reconocido alertó sobre la creciente represión y persecución contra activistas y defensores de derechos humanos en el país.
Hizo un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales a exigir justicia y defender las libertades democráticas, que consideran amenazadas por estas acciones ilegales.
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