El Ministerio Público solicitó a los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que le sea impuesta condena de 10 años de prisión a la diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte, acusada de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
El órgano acusador también pidió que la sentencia sea cumplida en la cárcel de Rafael Mujeres y que se le imponga el pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos.
Asimismo, fiscal dijo que Rosa Amalia Pilarte debe ser inhabilitada permanente para desempeñar funciones, prestar servicios o ser contratada por entidades de intermediación financiera participantes del mercado de valores y entidades públicas.
Los magistrados ordenaron la continuación de la audiencia para el día 27 de mayo, donde le toca a la defensa finalizar con la conclusión de sus argumentos.
Al presentar sus alegatos finales, el representante del Ministerio Público dijo que la diputada posee bienes provenientes de presunto lavado de activos y narcotráfico.
El fiscal detalló que las empresas de la señalada no contaban con espacios físicos reales y sin operatividad por lo que los inmuebles transferidos de Pablo Martínez a Miguel Arturo López se refirieron a los vínculos con la empresa de inversiones inmobiliarias.
En esta misma vista indicó la relación de la imputada con el deportado y prófugo declarado en rebeldía Pablo Antonio Martínez Javier y de cómo la supuesta red desarrolló las actividades para ocultar los bienes de procedencia ilícita de la organización criminal y que esta contó con la participación del acusado Micky López.
Durante la audiencia el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Inocencio Amador Espinosa, Fernando Quezada García y Pelagio Alcántara Sánchez