En el expediente de solicitud de medidas de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, el Ministerio Público acusa a ambos de incurrir en negligencia grave por omitir reparaciones estructurales críticas en la discoteca Jet Set, cuya falla derivó en el colapso del techo el pasado 8 de abril, dejando 236 personas muertas y cerca de 200 heridas, incluyendo al legendario merenguero Rubby Pérez.
El documento, de 128 páginas, fue depositado por los procuradores fiscales Héctor García, Miguel Collado y Emmanuel Ramírez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a Vladimir Viloria y José Martínez, del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios). En el mismo se identifican 290 personas entre querellantes y denunciantes, y se solicita declarar el caso como complejo.
Según la acusación, en 2014 el ingeniero Josemanuel Hernández Coste fue contratado para realizar un análisis estructural no destructivo del edificio, pero solo pudo evaluar tres columnas y dos zapatas, ya que los responsables no dieron continuidad al estudio, limitando el avance al 10% del trabajo.
El Ministerio Público sostiene que de haberse completado esa evaluación, se habría detectado la grave falla estructural que terminó provocando la tragedia.
El expediente también incluye un incidente ocurrido el 5 de abril de 2025, cuando Carolina del Rosario De La Cruz captó en video la caída de escombros del techo mientras visitaba la discoteca. La reacción del personal del local fue simplemente mover al grupo de lugar y limpiar el área, sin proceder a una inspección estructural formal.
El empleado Gregorio Adames Arias (Gregory) relató haber recogido escombros y desmontado plafones sueltos con una escalera. Aseguró que el 7 de abril, un día antes del colapso, reportó nuevamente el deterioro del techo a Antonio Espaillat, sin recibir respuesta adecuada.
Los trabajadores Manuel Jiménez Mateo y José Luis García Jiménez, que realizaron reparaciones ese mismo día, detectaron que los plafones estaban rotos y no húmedos, lo que sugería que los daños eran estructurales, no por filtraciones. También retiraron agua acumulada en lonas colocadas dentro del techo falso como una medida improvisada para contener filtraciones, acción calificada como riesgosa e inadecuada por los fiscales.
Horas antes de la tragedia, varios empleados escucharon un fuerte sonido desde el falso techo, identificando un pedazo del techo principal que se desprendió, lo que fue minimizado nuevamente por los encargados del establecimiento.
El Ministerio Público solicita prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat, al considerar que ambos actuaron con desinterés criminal al no atender las advertencias ni contratar especialistas para una evaluación estructural real, poniendo en riesgo la vida de cientos de personas que acudían al establecimiento.
El caso ha conmocionado al país por la magnitud de la tragedia y la aparente indiferencia de los responsables frente a señales claras del colapso inminente.
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