La Cámara de Cuentas publicó un informe de la auditoría practicada a los estados financieros del Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) durante los años 2022 y 2023, emitiendo una opinión “sin salvedades”, lo que significa que el 100 % de los recursos fueron administrados conforme a las leyes, normas contables y disposiciones presupuestarias vigentes.
El informe detalla que, durante el período auditado, del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023, el patrimonio del Mivhed experimentó un crecimiento de un 382 %, al pasar de RD$ 9,037 millones en diciembre de 2022 a más de RD$ 43,571 millones al cierre de 2023, sin que se detectaran irregularidades, desviaciones o hallazgos materiales que comprometan la legalidad o transparencia de dichos fondos.
El ministro Carlos Bonilla valoró este resultado como un reconocimiento al compromiso del ministerio con la ética pública y la buena gestión.
“Este informe es una muestra clara de que se pueden administrar recursos públicos con eficiencia, responsabilidad y total apego a la ley. Nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo siempre servir al país con transparencia y resultados tangibles”, afirmó.
El dictamen de los auditores establece que los estados financieros “presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Mivhed, por los períodos comprendidos entre el primero de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023, de conformidad con las Normas de Contabilidad Gubernamental Aplicable al Sector Público, emitida por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog)”.
Asimismo, el informe legal complementario concluye que no existen indicios de responsabilidad administrativa, civil ni penal atribuibles a funcionarios o servidores públicos del Mivhed, presumiéndose la legalidad de las operaciones y actuaciones realizadas, en cumplimiento del artículo 83 de la Ley 18-24 sobre el régimen de consecuencias de la gestión pública.
En la auditoría no se identificaron discrepancias relevantes ni ajustes materiales. Igualmente, se determinó que la gestión de activos, pasivos e ingresos cumple con los principios de transparencia y legalidad.
“Oportunidad de mejora”
En cuanto a los elementos de oportunidad de mejora identificados por la Cámara de Cuentas, sostuvo que todos son aspectos de control interno y no materialidad. Señaló que el organismo sugirió mejorar el monitoreo de inventarios y activos fijos; crear más controles en el área de tecnología y accesos a los sistemas; fortalecer la documentación de políticas y procedimientos y crear un módulo de seguimiento de contratos y compromisos.
“Recibimos con humildad las recomendaciones técnicas de la Cámara de Cuentas y esta auditoría nos motiva a seguir elevando los estándares institucionales. La transparencia no es un logro de un momento, es una práctica constante que seguiremos profundizando para honrar la confianza del pueblo dominicano”, concluyó Bonilla.
Irregularidades administrativas
El peritaje realizado por la Cámara de Cuentas al Ministerio de Viviendas reveló significativas irregularidades administrativas en procesos de compras y contrataciones, nómina, gestión de personal, nombramientos y control interno, las cuales, según el documento, comprometen recursos estatales de la gestión de Gobierno de Luis Abinader.
El informe final de la experticia, que acerca el periodo del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023, documenta 32 hallazgos relevantes que cuestionan la transparencia en la gestión de los recursos presupuestarios por parte de los funcionarios de la entidad, indica la investigación.
Durante la fiscalización a los estados financieros del ministerio, los auditores detectaron errores en la clasificación contable de pagos que suman RD$ 961,737,761. Estos desaciertos, causados por un sistema contable obsoleto, afectaron la exactitud y confiabilidad de la información financiera, según relata el documento.
Asimismo, el informe del organismo de control del patrimonio público señala que la omisión de publicar nóminas de empleados estimadas en RD$ 252.4 millones en el portal de transparencia viola las normas de acceso a la información, restringe el escrutinio ciudadano y debilita la rendición de cuentas.
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