El abogado Mario Arturo Fernández Burgos, miembro del pleno de la Cámara de Cuentas de República Dominicana (CCRD) se defendió de las imputaciones que realizó en su contra la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga la crisis interna de la entidad.
Al respecto, Fernández Burgos aseguró que dicha comisión globalizó las faltas y que no formuló ninguna acusación precisa de cargos.
"En síntesis, me acusa de no aprobar diez informes de auditorías que fueron ejecutadas por una gestión anterior, a sabiendas de que esa misma gestión admitió eran maquilladas. De haber votado a favor de la desvinculación de un chófer que ganaba unos 13 mil pesos", explicó el jurista a ACENTO.
Dijo que los diputados también lo señalan "por denunciar algo que no se ha hecho en 169 años, auditar la ejecución del presupuesto nacional y los bienes del Estado".
"Y por no conseguir que la mayoría de los miembros aprobara usar los recursos destinados para implementar el sistema de fiscalización con inteligencia artificial, cuyos recursos se encuentran depositados en el Banco de Reservas (500 millones más de 30 millones de intereses)", afirmó.
Indicó que, a pesar de las "falsas acusaciones", las mismas sólo quedarán como "imputaciones gratuitas e infamantes", ya que las disidencias de la mayoría requerida en la Cámara de Diputados imposibilitará que se apruebe, que llegue al Senado, se conozca y decida.
"El interés del sistema de impunidad es mantener a la Cámara (de Cuentas) como siempre, como ha sido en 169 años, inútil y cómplice. Nadie ha cambiado jamás haciendo lo mismo, es inútil mantener la tozudez de creer que se puede aún detener la primavera. Mi lucha es la misma de los últimos 10 años, ahora dentro de la bestia, por el fin de la impunidad", afirmó.
La comisión especial de la Cámara de Cuentas señaló en su informe las presuntas faltas cometidas por Fernández Burgos, las cuales guardan muchas similitudes con las detectadas en el caso del presidente del organismo, Janel Ramírez.
Entre las imputaciones contra el abogado está la de rechazar y archivar, ilegalmente, informes de auditorías con indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil, "sin haber debatido el contenido y los hallazgos que presentaban los mismos".
También lo acusa de haber votado sobre una serie de expedientes de auditorías con hallazgos y resultados diferentes, entre ellas:
-Informe de la auditoría a las informaciones financieras de la Comisión Hípica Nacional Hipódromo V Centenario, correspondiente al período entre el 10 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018.
-Informe de investigación especial a la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), correspondiente al período entre el 10 de enero de 2014 y el 30 de abril de 2017.
-Auditoría a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Ganadería, correspondiente al período entre el 10 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.
-Auditoría a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de Planificación y Desarrollo (MEPyD), correspondiente al período entre el 10 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.
-Auditoría a las informaciones financieras incluidas en los estados financieros del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), correspondiente al período entre el 10 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de
2013.
-Auditoría practicada a las informaciones financieras incluidas en los estados financieros de la Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (ARS SEMMA), correspondiente al período comprendido entre el 10 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.
El informe también dice que los procedimientos que se realizaron contradicen el criterio que sirvió de base para tomar la decisión del informe de auditoría practicada a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del Defensor del Pueblo, por el período comprendido entre el primero de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2019.
"Lo que puede comprobarse en la auditoría No. AUD-2021-OO1, del Pleno PL-2021-016, del 8 de junio de 2021, informe que reunía las mismas características de los informes de auditorías archivados, actuación que viola los principios de seguridad jurídica, igualdad ante la ley, continuidad del Estado, debido proceso, eficacia y objetividad, para conocer de los informes de auditorías de los cuales estaban apoderados, lo cual se verifica en el acta, audio y video de la sesión del Pleno PL-2022-003, iniciada el 25 de febrero y concluida el 7 de marzo de 2022; en el acta, audio y video de la sesión del Pleno PL2021-016, del 8 de junio de 2021; en los votos disidentes de Elsa María Catano Ramírez y Tomasina Tolentino de Mckenzie; y en el voto razonado Mario Arturo Fernández Burgos", indica.
El documento también expone que la actuación imputada a Fernández Burgos constituye violación de los artículos 39, 69 numeral 10) y el 250 de la Constitución de la República; el numeral 8) del artículo 3, y el artículo 14 de la Ley No. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo; los artículos 19, 20, 47, 48, 49 y 54 de la Ley No. 10-04, del 20 de enero de 2004, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana; el artículo VI, literal e), de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, entre otros.
Además, la Comisión le imputa a Fernández Burgos la asignación ilegal de los fondos públicos por haber favorecido con su voto el pago de una indemnización relacionada a la solicitud de desvinculación del señor Alfredo Antonio Peralta Rivas, mediante una propuesta hecha por Elsa Peña Peña.
"Lo cual se comprueba en el acta, video y audio de la sesión correspondiente al Pleno Ordinario PL’2021-019, del 2 de julio de 2021, y constituye violación del literal c) del artículo VI, de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, ratificada por la República Dominicana mediante la Resolución No.489-98, del 20 de noviembre de 1998″.
La comisión especial de los diputados también le imputa a Fernández Burgos haber incumplido sus funciones por ejecución presupuestaria deficiente al ejecutar del presupuesto aprobado para el año 2021, ascendente a la suma de RD$ 1,674,250,000.00, y solo se ejecutó un 54%, es decir, la suma de RD$ 910,700,000.00, con un sobrante de RD$ 763,550,000.00.
De igual manera, menciona la aprobación de un presupuesto de RD$ 1,474,248,087.00, del que solo se ejecutó un 68%, o sea, RD$999,629,511.00, con un sobrante de RD$474,618,576.00, "lo que implica que al 31 de diciembre de 2022 acumularon la suma de RD$ 1,296,007,207.00, de los cuales RD$500,000,000.00 están en un certificado financiero, que ha generado aproximadamente la suma de RD$30,000,000.00, por concepto de intereses, lo cual evidencia una pésima ejecución presupuestaria de la actual Cámara de Cuentas, generada por el ambiente de conflicto y desacuerdos entre sus miembros".
Otras presuntas faltas que menciona el documento son:
-Que la Comisión Especial le imputa a Mario Arturo Fernández Burgos haber incumplido sus funciones por incumplimiento del Plan Anual de Auditoría (PAA) correspondiente al año 2021, en el cual se aprobaron setenta y nueve (79) auditorías, de las cuales se ejecutaron diez (10), lo que representó un trece (13%) por ciento; y para el año 2022, se aprobaron ochenta y ocho (88), de las cuales se ejecutaron dos (2), lo que representó un dos (2%) de lo aprobado, incumplimiento generado por el ambiente de conflicto y desacuerdos entre sus miembros, lo que se ha comprobado en las entrevistas realizadas por la Comisión Especial a los miembros de la Cámara de Cuentas el 2 de junio de 2023 y los documentos aportados durante la investigación, en franca violación al principio de eficacia y los artículos, 250 y 276 de la Constitución de la República; numeral 3) del artículo 19, artículos 20, 33, 34 y 35 de la Ley No. 10-04, del 20 de enero de 2004, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
-Que la Comisión Especial le imputa a Mario Arturo Fernández Burgos haber votado en favor de la aprobación de los informes a remitir al Congreso Nacional, sin dichos informes contar con las auditorías a la ejecución del Presupuesto General del Estado de los años 2020 y 2021, lo cual se comprueba en la comunicación 004974/2021, del 26 de abril de 2021, firmada por todos los miembros de la Cámara de Cuentas y en la remisión de los informes al Congreso Nacional, lo que constituye una violación del numeral 3) del artículo 250 de la Constitución de la República.
-Que la Comisión Especial le imputa a Mario Arturo Fernández Burgos haber votado en favor de la aprobación de los informes a remitir al Congreso Nacional, correspondiente a los años 2020 y 2021, sin dichos informes haber contado con la verificación de si la ejecución presupuestaria de los órganos y entes del Estado se ajustó a la Ley de Presupuesto General del Estado de los años indicados, y sin
verificar el cumplimiento de la normativa constitucional y legal, lo cual se comprueba en la remisión de dichos informes al Congreso Nacional, mediante comunicaciones Nos. 005156/2021 y 006023/2022, del 29 de abril 2021 y 27 de abril de 2022 respectivamente, en franca violación del párrafo IV del artículo 30 de la Ley No.10-04, del 20 de enero de 2004, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
-Que la Comisión Especial le imputa a Mario Arturo Fernández Burgos haber votado en favor de la aprobación de los informes a remitir al Congreso Nacional de los años 2020 y 2021, sin dichos informes estar acompañados de los resultados de las auditorías practicadas durante dichos periodos. Además de no contar con los estudios e investigaciones especiales, así como la forma en que estas han cumplido sus objetivos y metas institucionales a través de los indicadores de gestión, lo cual
se comprueba en la remisión de los informes al Congreso Nacional, lo que constituye una violación al artículo 43 y párrafo de la Ley No. 10-04, del 20 de enero de 2004, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
-Que la Comisión Especial le imputa a Mario Arturo Fernández Burgos la elaboración del proyecto de presupuesto de la Cámara de Cuentas de los años 2022 y 2023 sin la participación de una comisión especializada integrada por representantes de la propia Cámara de Cuentas, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, lo cual se comprueba en la comunicación 004974/2021, del 26 de abril de 2021, firmada por todos los miembros de la Cámara de Cuentas, lo que constituye una violación al artículo 27 de la Ley No. 10-04, del 20 de enero de 2004, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Juicio político
En su informe, la comisión especial de los diputados recomendó la realización de un juicio político en contra de los cinco miembros del pleno de la Cámara de Cuentas: Janel Andrés Ramírez Sánchez, Elsa María Catano Ramírez, Tomasina Tolentino de Mckenzie, Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa María Peña Peña.
El pleno sería juzgado ante el Senado de la República acusados de violación a los artículo 39, 69, 250 y 276 de la Constitución de la República; numeral e) y c) del artículo VI de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
La comisión, además, propuso la aprobación del proyecto de resolución mediante el cual se acusa a los miembros de la Cámara de Cuentas por ante el Senado de la República y solicita su destitución.