Rechazar y archivar de forma ilegal informes de auditorías, ejecución presupuestaria deficiente, asignación
ilegal de los fondos públicos e incumplido sus funciones, son algunas de las imputaciones hechas por los miembros de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados contra Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente de la Cámara de Cuentas.
El informe especial señala que Ramírez Sánchez rechazó y archivó ilegalmente informes con indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil, sin que su contenido o hallazgos fueran debatidos, y haber votado en bloques los diez expedientes de auditorías con hallazgos y resultados diferentes.
Entre los informes que habrían sido archivados o rechazados por el titular de la Cámara de Cuentas se encuentran la auditoría a las informaciones financieras incluidas en los estados financieros de la Comisión Hípica Nacional Hipódromo V Centenario.
También la Auditoría a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Ganadería (DIGEGA); el conocimiento del informe de Auditoría practicada al manejo de los fondos entregados por la Junta Central Electoral al Partido Reformista Social Cristiano
(PRSC); el conocimiento del informe de Auditoría a las informaciones financieras incluidas en los estados de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Villa Altagracia, Provincia San Cristóbal; el conocimiento del informe de Auditoría a las informaciones financieras incluidas en los estados financieros del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), entre otros.
Todos los informes citados por la comisión corresponden a gestiones anteriores previas a la actual, elaborados entre enero de 2012 (última parte del gobierno de Leonel Fernández) y 2018 (durante la gestión de Danilo Medina).
Sobre la ejecución presupuestaria, la Comisión Especial le imputa a Ramírez Sánchez haber incumplido sus funciones, al ejecutar del presupuesto aprobado para el año 2021, ascendente a la suma de RD$ 1,674,250,000.00, solo se ejecutó un (54%), con un sobrante de RD$ 763,550,000.00; mientras que para el año 2022, le fue aprobado un presupuesto de RD$ 1,474,248,087.00, y solo se ejecutó un (68%), con un sobrante de RD$ 474,618,576.00.
"Esto implica que al 31 de diciembre de 2022 acumularon la suma de RD$ 1,296,007,207.00, de los cuales RD$500,000,000.00 están en un certificado financiero, que ha generado aproximadamente la suma de RD$30,000,000.00, por concepto de intereses, lo cual evidencia una pésima ejecución presupuestaria", indica el informe.
Incumplimiento del Plan Anual de Auditoría y otras faltas
En lo que tiene que ver con el desarrollo de las auditorías, la Comisión señala que el presidente de la Cámara de Cuentas incumplió sus funciones al no cumplir con el Plan Anual de Auditoría (PAA) correspondiente al año 2021, en el cual se aprobaron 79 auditorías, de las cuales se ejecutaron 10, lo que representó un 13 %; y para el año 2022, se aprobaron 88, de las cuales se ejecutaron dos, lo que representó un 2 % de lo aprobado.
Sin embargo, el informe establece que el incumplimiento estuvo generado por el ambiente de conflicto y desacuerdos entre sus miembros.
La Comisión Especial le imputa a Janel Andrés Ramírez Sánchez la asignación ilegal de los fondos públicos por haber favorecido con su voto el pago de una indemnización en ocasión de la “solicitud de desvinculación” de Alfredo Antonio PeraltaRivas (quien según la nómina de la entidad del año 2020 se desempeñaba como chofer), mediante una propuesta de Elsa Peña Peña, miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas.
Asimismo, se le imputa a Ramírez Sánchez haber incumplido sus funciones, al no convocar la cantidad de sesiones del Pleno que dispone el ordenamiento jurídico; no incluir en las agendas de las sesiones del Pleno de la Cámara de Cuentas temas sustantivos como informes de auditorías e investigaciones especiales, otorgándole prioridad a temas de carácter administrativo y la elaboración del proyecto de presupuesto de la Cámara de Cuentas de los años 2022 y 2023, sin la participación de una comisión especializada integrada por representantes de la propia Cámara de Cuentas, el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
También haber votado en favor de la aprobación de los informes a remitir al Congreso Nacional, sin dichos informes contar con las auditorías a la ejecución del Presupuesto General del Estado de los años 2020 y 2021, y sin que estos, a su vez, contaran con la verificación de si la ejecución presupuestaria de los órganos y entes del Estado se ajustó a la Ley de Presupuesto General del Estado de los años indicados. Además, dichos informes no estaban acompañados de los resultados de las auditorías practicadas durante dichos periodos, y no contaban con los estudios e investigaciones especiales, así como la forma en que estas han cumplido sus objetivos y metas institucionales a través de los indicadores de gestión.
Finalmente, según la Comisión, Ramírez Sánchez está imputado de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, al exhibir un comportamiento que afectó la buena administración de la Cámara de Cuentas, lo cual ha provocado una crisis institucional, debido a las diferencias que sostiene con miembros del ente constitucional.
Recomienda juicio político
En sus conclusiones y recomendaciones, la Comisión especial recomendó la celebración de un juicio político en contra de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, según lo establecido en el artículo 83, numeral 1 de la Constitución de la República por ante el Senado de la República a los fines de ser juzgados conforme al artículo 80 numeral 1 de la Constitución de la República, por violación a los artículo 39, 69, 250 y 276 de la Constitución de la República; numeral e) y c) del artículo VI de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
También propuso al Pleno de la Cámara de Diputados la aprobación del proyecto de resolución mediante el cual se acusa a los miembros de la Cámara de Cuentas por ante el Senado de la República y solicita su destitución.