República Dominicana subió al Nivel 2 en la clasificación de países que combaten la trata de personas. Este avance se logró gracias a la modificación de la Ley 137-03, que eliminó la necesidad de probar fuerza, fraude o coerción en los casos que involucren a niños, niñas y adolescentes.
El Gobierno aumentó las investigaciones y los procesos judiciales, identificó a más víctimas y realizó más inspecciones laborales en sectores donde existe riesgo de trabajo forzoso. Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que los esfuerzos para investigar los casos de trata laboral y detectar a sus víctimas aún son insuficientes.
El informe sobre la trata de personas enfocado en Quisqueya señaló que el gobierno no garantizó atención adecuada para todas las víctimas y, por la falta de una detección efectiva de las poblaciones en riesgo, se redujeron las posibilidades de identificar posibles víctimas migrantes.
El Gobierno de Estados Unidos recomendó que República Dominicana identificar de forma proactiva a las víctimas de trata, tanto de trabajo forzoso como explotación sexual comercial (ESC).
Para ello, sugirió detectar señales de trata en poblaciones vulnerables, especialmente en sectores como la agricultura, la construcción y el turismo, así como entre trabajadores extranjeros, migrantes antes de su deportación y empresas donde existan indicios de trabajo forzoso o prácticas comerciales abusivas.
Estados Unidos recomendó que el país investigue y procese “enérgicamente” los casos de trata de personas, y que los traficantes condenados, incluidos los funcionarios, reciban “sanciones apropiadas”, con penas de prisión significativas.
También instó a fortalecer la confianza entre las víctimas y las autoridades, para que más personas se sientan seguras al denunciar sus casos.
El informe subrayó la importancia de ampliar el acceso a la atención y garantizar servicios capaces de responder a las necesidades específicas de todas las víctimas, tanto hombres como mujeres, incluidos los niños.
Washington pidió que se asegure que los menores posiblemente víctimas de trata sean identificados y reciban la atención necesaria, sin ser castigados por actos ilegales cometidos como consecuencia directa de su situación de explotación.
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