Este miércoles, el magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró fue destituido por el Consejo del Poder Judicial (CPJ) acusado de faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Rodríguez Consoró era el juez del Noveno Juzgado de la Instrucción adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, pero desde noviembre pasado había sido suspendido de sus funciones por el Consejo, luego de que se iniciara una investigación disciplinaria en su contra.
¿De qué se le acusa?
Básicamente, el magistrado Rodríguez Consoró está acusado de “vender” decisiones a favor de imputados, incluyendo a un narcotraficante.
En tal sentido, en su decisión, la Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial atribuye al magistrado haber aceptado o recibido, directa o por intermedio de otras personas, comisiones en dinero o en especie, gratificaciones, dádivas, obsequios o recompensas como pago de servicios inherentes al cargo que desempeña.
También, de realizar diligencias para favorecer a su cuñado en el proceso de allanamiento realizado por el caso del presunto narcotraficante César Emilio Peralta, alias El Abusador.
La acusación de la Inspectoría también establece que Rodríguez Consoró habría recibido dinero para la puesta en libertad del imputado Sidney Rafael Matías Pérez, alias El Fuerte.
La Inspectoría afirma que el juez suspendió de manera intencional una primera audiencia en contra del imputado, en marzo del 2019, para que Matías Pérez completara la negociación del dinero que le pagaría, aunque no especifica el monto exacto.
En el expediente también se hace referencia a unos audios interceptados de las conversaciones entre Matías Pérez y Erick Randhiel Mosquea Polanco, supuesta cabecilla de una red de narcotráfico: “se escuchan audios donde el imputado le indica a Erick Randhiel Mosquea Polanco: “Hablamos de aplazar, como el menudo no estaba a mano, usted sabe cómo es esa gente, son unos ladrones, unos ladrones, unos ladrones. Él la va a aplazar, la va a aplazar para que yo tenga tiempo de buscar eso mañana, para que se lo dé mañana. Con el hombre del martillo, con el hombre del martillo, jefe fue que yo hablé, con él mismo”.
En el documento se destaca que los imputados se comunicaban por BlackBerry, utilizando lo que se denomina BB PIN.
También se explica que Matías Pérez (El Fuerte) estaba en libertad condicional, pues había sido condenado a 8 años por el mismo delito de narcotráfico, había cumplido 5 años y estaba en condicional.
“El imputado Sidney Rafael Matías Pérez había salido de prisión en enero del 2019, después de haber sido condenado a ocho años y haber cumplido cinco, restándole tres en condicional. No habían transcurrido tres meses en libertad cuando ya estaba preso de nuevo y con una solicitud de prisión preventiva por otro caso de narcotráfico”, especifica.
Dice que fue entonces cuando llegó al tribunal presidido por el magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró, quien le otorgó la libertad e impuso medida de coerción consistente en presentación periódica.
La resolución en la que se destituye al juez también señala que el mismo habría recibido dinero directamente de su secretaria y de abogados que litigan en su tribunal.
Además, pagos para emitir un auto de no ha lugar a favor de todos los acusados de la supuesta venta irregular de cuatro millones de metros cuadrados de terreno en Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, en una audiencia preliminar realizada en junio del 2022.
El juez está acusado de violentar los artículos 41 numeral 3, 44, numeral 5, 60, 61 y 66 numerales 1 y 2, de la Ley núm. 327-98, sobre Carrera Judicial y el artículo 149 del Reglamento de Aplicación de Carrera Judicial.
Hace unos meses, en referencia a la investigación que estaba en marcha en contra del juez, el procurador adjunto Wilson Camacho afirmó existiría "una estructura" en la que podría haber más personas involucradas.
Ahora, la decisión del Consejo del Poder Judicial ordena a la Inspectoría General enviar inmediatamente la información pertinente y las pruebas de las que dispone con relación a este caso al Ministerio Público, para la correspondiente investigación de la infracción penal.