El nombre del Consorcio Tecnológico de la Construcción (CTC) es mencionado en 71 ocasiones a lo largo de las 2,120 del expediente en el que el Ministerio Público solicita prisión preventiva en contra de los imputados en la operación Calamar.

Se trata de una de las compañías del ingeniero Bolívar Ventura, y en el expediente se explica que en un principio el Estado dominicano tenía deudas con sus empresas basadas en contratos que datan de más de diez años.

Sin embargo, señala el documento, a Ventura se le habría prometido entregarle los pagos bajo la extorsión por parte de los imputados Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, de que debía de entregarles para fines políticos la suma de quinientos veintisiete millones seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos, lo que según el Ministerio Público evidencia “un esquema de corrupción con participación activa de estos funcionarios públicos”.

Dice que los imputados establecieron una propuesta para Ventura de recibir el pago de aproximadamente 30 obras que había construido desde la OISOE, que justificarían a través de acuerdos de reconocimiento de deuda por trabajos adicionales.

Pero, asegura el Ministerio Público que éstas era en realidad cubicaciones maniobradas con falsedad de contenido.

“Es evidente que aquí hay una clara coalición entre los imputados Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Fco. De Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño y Princesa Alexandra García Medina, para estafar al Estado dominicano y distraer fondos millonarios en una mega operación de lavado de activos, materializada, además, a través de una asociación de malhechores”, precisa.

También señala que para los primeros pagos a la citada estructura, Ventura utilizó la Agencia de Cambio RM, ubicada en el municipio Santo Domingo Este, cuyo dueño y administrador es Anderson Acevedo, quien “le prestó el dinero para la primera entrega a la estructura de corrupción”, y a través de sus empleados lo trasladó a las instalaciones de la OISOE, en donde fueron entregadas a Francisco Pagán.

“Esta acción fue ejecutada dos veces, por la suma de cincuenta millones de pesos (DOP 50,000,000), cada una. De dichos montos Francisco Pagán le entregó a José Ramón Peralta, en su oficina en el Palacio Nacional, la suma de cincuenta millones de pesos (DOP 50,000,000.00), en efectivo, y posteriormente entregó la restante suma de cincuenta millones de pesos (DOP 50,000,000.00), también en efectivo, al investigado Ángel Donald Guerrero Ortiz, en su despacho del Ministerio de Hacienda”, indica.

El expediente explica que, luego de realizada la entrega de los cien millones de pesos, Francisco Pagán le manifestó a Ventura que las sumas restantes tenía que entregarlas directamente a Donald Guerrero, “quien fue el que dispuso cómo se harían esas entregas”.

El expediente acusatorio señala que los cuatrocientos veintisiete millones seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos treinta y ocho millones de pesos (DOP 427,694,838.00) restantes fueron recibidos a través de quienes dispuso Donald Guerrero, es decir, a Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) y José Arturo Ureña, “quienes hicieron un esquema de distribución en el que participa también el señor Fernando Crisóstomo, el cual a su vez es la persona que hacía la entrega de efectivo al imputado Víctor Matías Encarnación Montero, quien, como hemos dicho, se encargaba de adulterar las volumetrías de la OISOE”.

Destaca que todo este esquema operaba, supuestamente, con la participación directa de Francisco Pagán, como director de la OISOE, y con el entonces contralor general de la República Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, quien alegadamente realizaba el trámite de los pagos sin hacer ningún control, a cambio de recibir su porcentaje de los sobornos.