La Oficina de Atención Permanente de Santiago impuso medidas de coerción y declaró complejo el proceso contra todos los integrantes de la supuesta estructura criminal que se conformó para traficar con armas de fuego de distintos calibres, informó este jueves el Ministerio Público.
La jueza Iris Sugelly Borgen Santana ordenó el cumplimiento de la prisión preventiva durante 18 meses contra los imputados Hornandys Emmanuel Cruz Almonte, Samuel Ramón Guaba Caraballo, César Emilio Toribio Vázquez, Jayro Diplán Guzmán, Valentín de Jesús Caraballo Guzmán y Félix Francisco Vásquez Peralta.
Entre tanto, a la imputada Rosalba María Estrella le fue ordenado el arresto domiciliario, mientras que pagarán una garantía económica los procesados Marcos Diplán Diplán y Sixto Rosario.
El comunicado del Ministerio Público aseguró que la imposición de estas medidas confirma la profundidad de la investigación y de los elementos recabados durante la operación desarrollada en los municipios Licey al Medio en Santiago, y Moca en Espaillat y en la que participaron fuerzas especiales de la Policía Nacional.
"El tráfico ilegal de armas de fuego se traduce en violencia para nuestros barrios, por lo que nosotros estamos llamados a ejercer una persecución efectiva en contra de este mal", dijo el fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla.
La red, que presuntamente adquiría estas armas en el mercado estadounidense, las introducía al país de contrabando a través de compañías de envío.
Los procesados, la mayoría de los cuales tienen relación de familiaridad, utilizaban sus domicilios y los de sus padres como centros de almacén de estas armas, las que luego comercializaban con otras estructuras del crimen organizado.
El órgano persecutor durante los allanamientos decomisó 18 pistolas de alta potencia, en su mayoría Glock 9 milímetros; 3 revólveres y 2 escopetas, así también 700,000 pesos en efectivo, vehículos y equipos electrónicos.
Estas diligencias de campo estuvieron precedidas por múltiples estrategias e inteligencia, que se desarrollaron durante más de un año, tiempo en el cual se rastreó a la organización y se recopiló información acerca del alcance del comercio de las armas y el rol de cada miembro de la estructura, añadió la información.
En los allanamientos participaron más de 10 fiscales del Ministerio Público en Santiago, miembros de la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (Deicroi) y otras fuerzas especiales como equipo SWAT de la Policía Nacional, y la cooperación internacional de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
Además, se incautaron de varios tanques con caletas o doble fondo, los cuales eran utilizados para transportar las armas ilegales.