La directora General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, informó que la revocación de la inadmisibilidad en la solicitud de medidas de coerción contra los presuntos responsables de una ocupación ilegal de terrenos en San Juan de la Maguana fortalece la lucha contra la corrupción en el país.
Ortiz Bosch detalló que el proceso judicial involucró la intervención de varias entidades gubernamentales, entre ellas Bienes Nacionales, el Ministerio de Medio Ambiente y el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, por instrucciones del presidente Luis Abinader.
Según explicó la funcionaria, el caso surgió tras la detección de una ocupación ilegal y deforestación de 19,518.01 metros cuadrados de terrenos en el sector Los Rónzinos, entre la Avenida Circunvalación y La Mesopotamia, en San Juan de la Maguana, donde al menos 36 ocupantes habían instalado negocios sin autorización.
El Ministerio de Medio Ambiente interpuso una querella formal contra los ciudadanos Luis Eduardo Rodríguez Cordero y Omar Gerardo Montilla el 15 de julio de 2024. Sin embargo, la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente enfrentó un revés cuando, el 15 de agosto de 2024, el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana declaró inadmisible la solicitud de coerción, alegando falta de una formulación precisa de cargos.
Ante esta decisión, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio Público apelaron el fallo en septiembre de 2024. Luego, el 28 de enero de 2025, Ortiz Bosch solicitó al coordinador general del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, Jorge Luis Polanco, que asignara un equipo de abogados para reforzar el recurso de apelación.
Como resultado de esta gestión, el pasado 12 de febrero de 2025, la Corte de Apelación de la Cámara Penal del Departamento Judicial de San Juan revocó la decisión de inadmisibilidad y ordenó medidas de coerción para los imputados.
Luis Eduardo Rodríguez Cordero y Omar Gerardo Montilla deberán presentarse periódicamente ante la Procuraduría General de Medio Ambiente y Recursos Naturales los últimos viernes de cada mes, hasta que concluya el proceso investigativo.
Ortiz Bosch destacó que esta resolución representa un paso importante en la defensa del patrimonio público y la protección del medio ambiente, en un contexto en el que la lucha contra la deforestación y el cambio climático es una prioridad para el Estado dominicano.
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