El Ministerio Público ha solicitado a la Cámara de Diputados documentación sobre el legislador Sergio "Gory" Moya por su supuesta vinculación al caso Calamar de corrupción administrativa, informó este martes el presidente de esa institución parlamentaria, Alfredo Pacheco.
"El Ministerio Publico se ha dirigido a nosotros (…) para pedirnos algunas certificaciones y lo hemos hecho", afirmó Pacheco, quien añadió que "la Cámara de Diputados obviamente nunca va a obstruir cualquier tipo de investigación que se haga sobre cualquiera de sus legisladores".
De acuerdo con el presidente de la cámara, "somos susceptibles de ser investigados en un momento (…) Los que somos funcionarios públicos siempre estamos sujetos a que se nos hagan investigaciones, experticias y averiguaciones".
Pacheco manifestó su deseo de que "en este o cualquier otro caso que pueda surgir, así como los que han estado ocurriendo, se cumpla con el debido proceso de ley y constitucional, eso es lo que procede", y las leyes indican "cómo se hace".
Al término de la audiencia en la que el pasado día 4 se dictaron medidas preventivas contra los presuntos involucrados en la trama de corrupción, el Ministerio Público anunció que solicitaría la designación de un juez especial para procesar al diputado Sergio Moya, del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), por su supuesta vinculación a esa red.
Los delatores del caso revelaron que Moya era parte de un esquema de extorsión a bancas de lotería, según extractos del expediente publicados por medios locales.
El congresista negó esas acusaciones y las calificó de "infamia": "No existe ni existirá un solo dueño de banca que pueda demostrar o probar que me haya reunido, hablado o solicitado la entrega de dinero o que haya sido parte de una mafia".
En la operación Calamar han sido detenidas una veintena de personas, entre ellas los exministros de Hacienda, Donald Guerrero y Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, contra quienes se han ordenado 18 meses de prisión preventiva.
Para el antiguo titular de Obras Públicas y excandidato presidencial Gonzalo Castillo la Justicia ha decretado arresto domiciliario.
De acuerdo con la acusación, el supuesto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19,000 millones de pesos y afectó a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda.