Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público, informó que en las próximas horas el órgano persecutor solicitará la designación de un juez de instrucción especial para abrir un proceso de investigación contra el diputado Sergio Moya (Gory), por su vinculación en el caso Calamar.
Reynoso aclaró que la política del Ministerio Público, que dirige la magistrada Miriam Germán Brito, trata de que todo aquel que haya comprometido su responsabilidad penal sea perseguido.
El nombre del diputado perremeísta salió a la luz luego de que en el interrogatorio realizado al empresario José Arturo Ureña, implicado en el caso, se refiriera sobre el legislador como la persona que estaba al frente de la supuesta estructura creada para distraer fondos de las bancas de lotería, deportiva y los colmadones con la coautoría del Ministerio Hacienda.
Ureña dijo a los fiscales del Ministerio Público que Moya de la Cruz entró a la supuesta estructura cuando Fernando Crisóstomo, creador del "programa" para regular las loterías informales y máquinas tragamonedas, salió del negocio ilegal creado para obtener dinero de manera fraudulenta mediante el cobro a los puestos de loterías y bancas de apuestas deportivas.
Por este caso en el día de hoy la magistrada Kenya Scarlet Romero, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva como medidas de coerción a los exministros de Hacienda y administrativo de la Presidencia, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, la misma deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Mientras que al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, le fue impuesto arresto domiciliario, impedimento de salida del país sin autorización judicial, presentación periódica y garantía económica de 20 millones de pesos en la modalidad de contrato.
En cuanto al excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, el tribunal le dictó impedimento de salida y fianza de tres millones de pesos; al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, arresto domiciliario, impedimento de salida y garantía económica de tres millones en efectivo; al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, arresto domiciliario e impedimento de salida; y al economista Ángel Lockward las mismas medidas y garantía económica de siete millones de pesos en efectivo.
Asimismo, a los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, al igual que las demás personas imputadas Aldo Antonio Gerbasi, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramon David Hernández, Yahaira Brito Encarnación, Marcial Reyes, Emir José Fernández de Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández Figueroa, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación, le fueron impuestas medidas de coerción consistentes en prohibición de salida del país sin autorización judicial, arresto domiciliario y prestación de garantías económicas, respectivamente. Para Rafael Parmenio Rodríguez, le fueron impuestas la presentación periódica y prohibición de salida del país sin autorización judicial.