La magistrada Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, impuso arresto domiciliario e impedimento de salida para el abogado y economista Ángel Lockward, imputado en la operación Calamar.

La jueza también dictaminó que Lockward pague una garantía económica de siete millones de pesos en efectivo.

Lockward está acusado por el Ministerio Público de colocar bienes en el mercado financiero, productos de los actos ilícitos, a través de certificados financieros de cientos de millones de pesos, comprometiendo su responsabilidad penal y la de su firma de abogados.

En un principio, el Ministerio Público estaba solicitando 18 meses de prisión preventiva contra el abogado, pero luego varió su petición tras llegar a un acuerdo con él.

El pasado 19 de marzo, la Procuraduría General de la República anunció el arresto de 20 personas por sus presuntos vínculos con una red de corrupción administrativa que afectó a varias instituciones.

Entre los imputados están los exfuncionarios Donald Guerrero y José Ramón Peralta, a quienes este martes se les dictó 18 meses de prisión preventiva que deberán cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, imposición revisable cada tres meses.

Mientras que Gonzalo Castillo fue enviado a prisión domiciliaria, impedimento de salida del país sin autorización judicial, presentación periódica y garantía económica de 20 millones de pesos en la modalidad de contrato.

Asimismo, al ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño, el tribunal le impuso impedimento de salida y fianza de tres millones de pesos; al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo, arresto domiciliario, impedimento de salida y garantía económica de tres millones en efectivo; y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, arresto domiciliario e impedimento de salida.

De igual manera, a los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, al igual que las demás personas imputadas Aldo Antonio Gerbasi, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramon David Hernández, Yahaira Brito Encarnación, Marcial Reyes, Emir José Fernández de Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Julián Omar Fernández Figueroa, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación, le fueron impuestas medidas de coerción consistentes en prohibición de salida del país sin autorización judicial, arresto domiciliario y prestación de garantías económicas, respectivamente.

En cuanto a Rafael Parmenio Rodríguez le fue impuesta presentación periódica y prohibición de salida del país sin autorización judicial.