La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó sus expectativas y valoraciones ante la reciente promulgación de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal de la República Dominicana, destacando tanto sus avances como los desafíos que aún persisten.
Durante décadas, diversos sectores de la sociedad dominicana han demandado un Código Penal moderno, acorde con los cambios sociales, jurídicos y tecnológicos del país, así como con los compromisos de una nación cada vez más integrada a dinámicas globales. En ese sentido, Finjus saludó la aprobación de este nuevo marco legal que, según expresó la institución, contiene importantes principios y normas que fortalecen la lucha contra la delincuencia, la corrupción y la ciberdelincuencia, además de fomentar una convivencia pacífica y justa.
“Este nuevo Código Penal permitirá al sistema de justicia penal cumplir con el mandato constitucional de perseguir eficazmente la criminalidad nacional e internacional, y de construir políticas modernas de seguridad y justicia”, sostuvo Finjus en un comunicado difundido este lunes.
Sin embargo, la entidad advirtió que, tras un análisis preliminar del texto legal, se evidencian elementos preocupantes.
“Encontramos en el contenido que se sacrificaron derechos, sumado a errores que están en choque con principios de la Constitución de la República”, alertó la organización.
En consonancia con el presidente Luis Abinader y diversos sectores sociales, Finjus coincidió en que el Código Penal es una pieza perfectible, por lo que considera que el período de vacatio legis debe aprovecharse para identificar y subsanar las insuficiencias y omisiones que aún persisten.
La fundación anunció que en el corto plazo realizará estudios y análisis técnicos que sirvan de base para proponer enmiendas necesarias a la Ley 74-25, y exhortó a otros actores del sistema a sumarse a este proceso.
“Hacemos un llamado a la comunidad jurídica, a las Facultades de Derecho de las universidades, al empresariado y a la sociedad civil a aportar en este proceso de mejora, con el objetivo de convertir el nuevo Código Penal en un instrumento verdaderamente coherente con nuestro ordenamiento jurídico constitucional, democrático y de derecho”, concluye el comunicado.
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