La Cámara de Cuentas, en las democracias contemporáneas no es simplemente un ente administrativo, sino una institución republicana con un rol constitucional, social y democrático fundamental, afirmó este jueves Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
De acuerdo con el análisis de Castaños Guzmán, en un contexto marcado por la desafección ciudadana y la desconfianza, el papel de los órganos de control adquiere una dimensión que supera la mera fiscalización técnica.
El mandato constitucional de la Cámara de Cuentas en República Dominicana, establecido en los artículos 248 al 251, la define como un órgano extrapoder, independiente y con autonomía, cuya función es controlar la legalidad, eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos, según detalló el vicepresidente de Finjus.
Este mandato, explicó Castaños Guzmán, no solo se vincula al principio de legalidad, sino también al de soberanía popular, ya que el gasto público debe responder siempre al interés general.
Sin embargo, en el siglo XXI, se exige que la institución amplíe su función hacia un rol social transformador, evaluando el impacto real de las políticas públicas en la vida de las personas, sostuvo Castaños Guzmán.
Esto implica auditar no solo la correcta ejecución de los fondos, sino si las políticas de salud, educación o vivienda cumplen su objetivo de mejorar la calidad de vida y reducir desigualdades, de acuerdo con las declaraciones de Servio Tulio Castaños Guzmán.
El control fiscal se convierte así en una herramienta de justicia distributiva, ya que si un presupuesto destinado a un hospital no llega o un subsidio se diluye, no es solo una ineficiencia, sino una vulneración directa de derechos, argumentó Castaños Guzmán.
En este sentido, la Cámara de Cuentas actúa como un actor de protección social al defender al ciudadano frente a la opacidad, la negligencia y el abuso, según el experto.
Castaños Guzmán señaló que la viabilidad del Estado de bienestar, un proyecto político basado en garantizar servicios públicos universales, depende de la confianza pública en que los recursos son gestionados correctamente.
Es en ese contexto donde la Cámara de Cuentas representa la garantía institucional de que el gasto público se conduce con responsabilidad, transparencia y eficiencia, protegiendo la integridad del pacto social, afirmó.
Para que su función sea legítima, el órgano debe regirse por principios como la independencia institucional, la objetividad técnica con sentido social y la accesibilidad ciudadana, permitiendo que la sociedad se apropie de los resultados del control externo, indicó Castaños Guzmán.
El vicepresidente de Finjus también advirtió sobre los desafíos que enfrentan estas instituciones en América Latina, como la cooptación política, el debilitamiento institucional o su uso como herramienta de persecución, lo que socava su credibilidad.
En definitiva, el rol social de una Cámara de Cuentas es vigilar no solo que el gasto sea legal, sino que sea justo y cumpla su función de transformar realidades y garantizar que el Estado sirva a la sociedad, concluyó Servio Tulio Castaños Guzmán.
Compartir esta nota