La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó su preocupación ante el Proyecto de Ley que modifica la Ley núm. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que la propuesta plantea riesgos sustantivos para la sostenibilidad ambiental, la equidad económica y el acceso justo a los servicios de gestión de residuos en la República Dominicana.
Según la organización, el nuevo enfoque normativo podría favorecer una concentración indebida del mercado, limitar la competencia leal y excluir a actores fundamentales como las Mipymes, gestores comunitarios y empresas independientes, en contravención al principio de libertad de empresa consagrado en la Constitución.
Finjus advirtió especialmente sobre el esquema centralizado de valorización de residuos, el cual —señalan— puede convertirse en una barrera para iniciativas innovadoras y descentralizadas, afectando sectores como el hotelero y turístico que ya han invertido en gestión responsable. Además, alertó sobre un posible aumento injustificado de la carga fiscal, que podría perjudicar la viabilidad de sectores clave y fomentar la informalidad.
Aunque reconoce la necesidad de modernizar el sistema nacional de residuos y avanzar hacia una economía circular, Finjus insistió en que esta transformación debe hacerse bajo un diseño institucional equilibrado, respetando los principios de razonabilidad, proporcionalidad e inclusión.
La entidad propone que el proyecto sea sometido a una amplia deliberación técnica, estudios de impacto y consultas públicas, garantizando así la participación de todos los actores involucrados y asegurando una reforma legítima, eficaz y sostenible.
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