Familiares de Virgilio Rafael Cruz Aponte, una de las 231 víctimas mortales del colapso del techo de la discoteca Jet Set ocurrido el pasado 8 de abril, interpusieron una demanda contra los propietarios del establecimiento y contra el Estado dominicano, alegando graves fallos de supervisión y negligencia estructural.
La acción legal fue presentada por Wendely Manely Ramírez Gómez, esposa del fallecido, junto a sus padres Aide Dolores Aponte Moni y Dionys Rafael Cruz Rosario. En la demanda se señala como responsables a Antonio Espaillat López, Ana Grecia López y la empresa Inversiones E y L, S.R.L., propietaria del local.
El abogado de la familia, Félix Portes, declaró que sus representados exigen justicia y responsabilizan tanto a los dueños del establecimiento como a las instituciones estatales que, según sostienen, incumplieron con sus deberes de supervisión, fiscalización y control de estructuras públicas.
La demanda invoca el artículo 319 del Código Penal, que tipifica el homicidio involuntario, y argumenta que los propietarios del club nocturno tenían la obligación de garantizar la seguridad e integridad estructural del local.
Asimismo, se acusa a la Alcaldía del Distrito Nacional y al Estado en su conjunto de omitir su deber en la vigilancia de los establecimientos abiertos al público.
Como base legal, los demandantes citan una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 10 de octubre de 2012 que establece la responsabilidad del Estado por los actos ilícitos cometidos por sus agentes, cuando estos ocasionan daños a terceros.
Además, se denuncian violaciones a diversas normativas, entre ellas la Ley No. 687-82 sobre Normas de Construcción, el Código de Edificaciones, la Ley No. 160-21 sobre el Ministerio de la Vivienda, y la Ley No. 176-07 sobre organización municipal. También se alegan violaciones a artículos constitucionales que protegen la dignidad humana, la integridad personal y el derecho a la salud.
Los familiares sostienen que esta tragedia no puede quedar impune y piden que se establezcan sanciones tanto penales como civiles para todos los involucrados.
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