Este miércoles 14 de agosto se cumple un año de la explosión en las cercanías del Mercado Modelo de San Cristóbal y el Parque Central, la cual causó 42 muertes, 59 heridos y 12 desaparecidos.
La explosión ocurrió alrededor de las 3:10 p.m., en la calle Padre Ayala, donde operaba la empresa Vidal Plast, afectando varios establecimientos y vehículos.
Tras la detonación, fueron enviadas varias ambulancias, así como tres helicópteros de la Fuerza Aérea, para asistir y trasladar a los heridos hacia los centros hospitalarios y agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para viabilizar el tránsito. Además, las autoridades militarizaron la zona y evacuaron a las personas.
De acuerdo con el Informe de evaluación de la explosión e incendios del antiguo mercado de la calle Padre Ayala, la detonación se originó debido a la difusión de gases combustibles generados por el calentamiento de los plásticos, en el área donde se almacenaban y reciclaban los plásticos.
Además, el documento detalló que, seguida de la explosión, se generaron varias deflagraciones generadoras de ondas expansivas, las cuales afectaron edificaciones y vehículos en entorno. En adición a esto, se generó también gran cantidad de energía calorífica.
“Las investigaciones nos arrojan que este lugar contenía acumulaciones de gases y materiales inflamables, los cuales con chispas, ignición, calor o fricción pudieron generar la activación de dicha explosión”, explicó la comisión evaluadora en el informe.
Anterior a esta explosión, en marzo 2023, se generó un incendio en el mismo local, debido a la generación de vapores, producto del compuesto orgánico peróxido orgánico 5,2, el cual, según el informe, podría ser inflamable y explosivo.
Dicho producto, destaca la guía de respuesta de emergencias de 2020, requiere un almacenamiento a temperatura menor a 20 grados Celsius, teniendo, por demás, una reactividad a la humedad, cambios de temperaturas y chispas, advierte.
Sobre las acciones adoptadas, el informe indicó que le fue informado a los propietarios de la empresa que debían retirar el material, considerando que podían estar almacenados en el lugar, además de sus condiciones.
Fallecidos y desaparecidos
Transcurridos tres días de la explosión, las autoridades habilitaron una carpa con personal médico y psicólogo, en el cementerio Cristo Redentor, ubicado en Santo Domingo, donde los familiares de las victimas recibirían informaciones sobre el proceso para la identificación de los cuerpos, que, en algunos casos, llevó meses debido su estado.
Para dicho proceso, les fue solicitado a los familiares todas las características de su allegado, como edad, sexo, etnia o raza, estatura, peso, algún dispositivo instalado en el cuerpo o alguna marca quirúrgica, entre otras características, las cuales fueron validadas con la autopsia.
En ese momento, el director del Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), Santo Jiménez, explicó que el protocolo de manejo cuando fallece un número elevado de personas comienza en el lugar donde se produjo el hecho, donde se lleva a cabo el levantamiento del cadáver y "se registran características morfológicas", así como la vestimenta que se conserve y los elementos que pueden permitir su identificación, y luego se traslada al Inacif.
En cuanto a los desaparecidos, la diputada Ydenia Doñé Tiburcio propuso en la Cámara Baja un proyecto de ley para que las personas que se encontraban en el mercado viejo de San Cristóbal, y que hasta la fecha permanecían como desaparecidas, fueran declaradas judicialmente fallecidas debido a la explosión.
Doñé Tiburcio indicó que los hijos de los desaparecidos presentaban dificultades para cobrar las pensiones, mientras que otros parientes lidiaban con la intranquilidad de los trámites civiles pendientes, incluido el estado civil de los viudos.
Una vez que el proyecto se convierta en Ley los desaparecidos podrán ser declarados judicialmente fallecidos.
Acusación formal
El pasado lunes 12 de agosto, el Ministerio Público informó que la Fiscalía San Cristóbal presentará en las próximas semanas la acusación formal contra la razón social Vidal Plast SRL, y a sus propietarios Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar de Vidal y Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, acusados de homicidio involuntario en la explosión.
La fiscal Fadulia Bethania Rosa indicó que el expediente acusatorio se encuentra en su fase final de elaboración, por lo que se espera que a principios del mes de septiembre, se deposite la acusación en contra de todos los imputados.
Explicó que durante el tiempo transcurrido del hecho a la fecha, el Ministerio Público ha continuado las investigaciones sobre el caso.