En un grueso expediente de 12, 274 páginas, el Ministerio Público acusa al exprocurador Jean Alain Rodríguez de 14 diferentes delitos o tipos penales, entre ellos, asociación de malhechores, prevaricación, estafa contra el Estado, lavado de activo agravado, entre otros.

Tomando en cuenta estas imputaciones, ¿cuáles serían las penas a las que se enfrentaría el exfuncionario?

La abogada Sonia Díaz Inoa comenta que la pena más grave de los tipos penales que se le imputan a Rodríguez es de diez a 20 años de prisión mayor, una multa entre 200 y 400 salarios mínimos, así como el decomiso de todos los bienes ilícitos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos.

Igualmente, el exprocurador se enfrentaría a la inhabilitación permanente para desempeñar funciones y prestar servicios en entidades públicas.

Las penas están contempladas en los Artículos 3 y siguientes de la ley 155-17, sobre Lavado de Activos.

"Debemos aclarar que estas son acusaciones que le hace el Ministerio Público que solo se van a convertir en delitos punibles en la medida en que éste logre aportar las pruebas ante el tribunal o jurisdicción de juicio. Hay muchas posibilidades de que este caso pase a un tribunal penal, después de ser conocido por el Tribunal de la Instrucción, dado el amplio legajo de pruebas que ha dicho poseer el órgano acusador, de las cuales ha adelantado una parte importante en el expediente de acusación contentivo de más de 12, 000 páginas", explica.

La jurista se refiere a las más de 3,500 pruebas que el órgano acusador asegura tener en contra de Rodríguez y de los demás exfuncionarios que le acompañaron durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República, y que hoy en día están siendo imputados en la operación Medusa. En total, el caso tiene más de 42 imputados y 22 empresas involucradas.

Díaz Inoa señala que en este caso se trata del delito de lavado de activos agravado, de acuerdo con el Artículo 9 de la Ley 155-17 porque contempla la supuesta participación en grupos criminales organizados (asociación de malhechores), unido al hecho de que el delito ha sido alegadamente cometido por personas que ostentaron cargos públicos.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre la posibilidad de que Jean Alain Rodríguez resulte absuelto, la también excoordinadora general de Participación Ciudadana precisa que, en un juicio penal, la absolución es una posibilidad que siempre tendrá el imputado.

"Esta se da cuando el Ministerio Público no puede romper con el principio de inocencia del que está revestido todo imputado, y en nuestro país está contemplado en el Artículo 69.3 de la Constitución de la República, en el Artículo 14.2 de la Pacto Internacional de los Derecho Civiles y Políticos y en el Artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras normativas nacionales e internacionales", indica.

No obstante, precisa que en el caso del exprocurador ve lejana la posibilidad de absolución, pues de esos 14 delitos o tipos penales de los que lo acusa el Ministerio Público se ha de suponer que han sido formulados sobre bases sólidas, "máxime cuando estamos frente a un expediente tan voluminoso, que además contiene una gran cantidad de testigos, muchos de los cuales eran sus aliados y que ahora han negociado su libertad con el órgano acusador a cambio de declarar y contar ante la autoridad judicial el modus operandi del grupo, los cuales supuestamente se asociaron para desfalcar al Estado dominicano".

¿Qué tan difícil sería probar la culpabilidad Jean Alain?

Pero, Díaz Inoa precisa que para un Ministerio Público, en ninguna parte del mundo, es fácil probar la culpabilidad de la llamada "delincuencia de cuello blanco", de manera particular de aquella que ha sido cometida por funcionarios o agentes públicos, pues precisamente se trata de valerse de la posición de poder en la que se encuentra para apoderarse de recursos públicos o hacer negocios con estos valiéndose de la posición que se ostenta.

"Una tiene que suponer que el Ministerio Público se va a valer de los testigos con los que ha negociado, muchos de los cuales eran asociados de Jean Alain Rodríguez. La Procuraduría Especializada en Corrupción Administrativa pretende ir a la jurisdicción de juicio con pruebas, muchas de ellas testimoniales, que podrían convertirse en irrefutables ante el tribunal asignado", dice.