El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a Jairo González, acusado de estafar a múltiples personas por un monto superior a 100 millones de pesos mediante inversiones fraudulentas en criptomonedas.
Según la acusación del Ministerio Público, González operaba a través de su empresa Harvest Groups & Asociados, donde presuntamente captaba fondos en dólares de inversionistas en República Dominicana con la promesa de invertirlos en mercados de capitales, bolsas de valores y criptomonedas mediante brokers en internet. Sin embargo, la entidad no contaba con autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), lo que la hacía operar fuera del marco regulatorio del país.
Actualmente, el imputado cumple arresto domiciliario, luego de que el tribunal modificara la medida de coerción que inicialmente lo mantenía en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.
Con la decisión del tribunal, González deberá responder en juicio de fondo por los cargos en su contra, en un proceso donde las víctimas esperan recuperar los fondos invertidos en la supuesta plataforma de inversión.
2023
En la madrugada del 13 de febrero Jairo González fue arrestado en una villa del municipio Jarabacoa, en la provincia La Vega. Luego fue trasladado a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Para el 15 de febrero el juez Rigoberto Sena Ferreras aplazó la audiencia a los fines de que la defensa apoderada en el caso conozca el expediente y algunas de las querellas depositadas.
El día 10 de marzo el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva.
2024
El día 14 de marzo el ministerio público depositó la acusación formal en contra de Jairo González Durán y otras cinco personas acusadas imputado de incurrir en una estafa millonaria utilizando criptomonedas y otros mecanismos.
Para el 15 de abril el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, no conoció el juicio preliminar debido a que las partes no fueron debidamente notificadas, por lo que faltaron los abogados de algunas de las víctimas.
El 6 de mayo para que dos de los coimputados soliciten un defensor público para que los representen legalmente en el tribunal.
29 de julio el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional inició la audiencia preliminar, con la lectura del dispositivo acusatorio del Ministerio Público contra Jairo González.
2025
El 3 de febrero 2025 el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional varió la medida de coerción de prisión preventiva que pesaba contra Jairo González. Le impuso una garantía económica de 20 millones de pesos a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida del país, el uso de un dispositivo de localización electrónica (grillete) y presentación periódica ante el juez.