El abogado Luis Ernesto Peña, representante legal de la empresa Domedical Supply en el caso Antipulpo, afirmó este martes, ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que en las contrataciones con el Estado no existió delito, privilegio ni irregularidad alguna, y que las acusaciones del Ministerio Público carecen de fundamento.
"Todo ha sido una farsa, un sinsentido. ¿Quién va a ejercer influencia para que le paguen un año después?", expresó Peña durante la presentación de sus alegatos finales, en defensa de su cliente Domedical Supply, propiedad Juan Alexis Medina Sánchez, señalado como principal imputado en el caso.
El jurista explicó que los equipos médicos fueron importados con pagos al contado, transportados, instalados en distintos hospitales del país y que el Estado saldó la deuda a través del Ministerio de Hacienda más de un año después de la entrega, lo cual —según dijo— evidencia que no existía un trato preferencial.
También cuestionó las inconsistencias entre la acusación del Ministerio Público y el informe de la Cámara de Cuentas sobre presuntas sobrevaluaciones.
“La Cámara de Cuentas establece un monto y el órgano persecutor otro. No se pusieron de acuerdo”, apuntó.
Peña sostuvo que quien decide qué comprar es el Estado, y no los suplidores. Se espera que luego que el togado culmine con sus alegatos finales, el imputado Juan Alexis Medina asuma su defensa material.
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